Un juez penal del circuito especializado condenó a 15 años y 4 meses de prisión al sargento retirado del Ejército Nacional, Richard Antonio Pérez, tras hallar probado su responsabilidad en el delito de tortura agravada contra un menor de edad. La decisión judicial se dio luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación durante el juicio oral.
Los hechos se remontan al 6 de febrero de 2016, cuando el hoy condenado trasladó a su hijo adoptivo, de tan solo 5 años, a un centro asistencial en Medellín, donde el menor ingresó sin signos vitales. En ese momento, Pérez aseguró que el niño había sufrido un episodio de vómito severo; sin embargo, los resultados forenses desmintieron su versión.
El dictamen del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que la causa de la muerte fue una fuerte golpiza recibida horas antes, la cual le ocasionó graves traumatismos en órganos vitales como los intestinos, el bazo, el páncreas y los riñones.
Además, se evidenció que el menor tenía una fractura en el antebrazo izquierdo que nunca fue tratada, así como múltiples lesiones recientes y antiguas, junto con signos de desnutrición.
Un historial de maltrato y aislamiento
Las investigaciones también permitieron establecer que, en 2013, el hoy condenado se llevó al menor bajo engaños hasta el municipio de Granada, en el Meta, donde obtuvo su custodia sin ser su padre biológico. Durante ese tiempo, la madre del niño intentó recuperarlo sin éxito, ya que el procesado lo mantuvo alejado de su entorno familiar durante tres años.
Asimismo, se comprobó que desde octubre de 2015 el menor permanecía encerrado en una vivienda del centro de Medellín, sin supervisión adecuada, desescolarizado y sin contacto con otros niños, lo que agravó su situación de vulnerabilidad.
Cabe recordar que por estos mismos hechos, Richard Antonio Pérez ya había sido condenado en agosto de 2019 a 33 años y 4 meses de prisión por el delito de homicidio agravado con dolo eventual. Esta nueva sentencia por tortura agravada refuerza la gravedad de los actos cometidos y ratifica el compromiso de las autoridades en sancionar de manera ejemplar los casos de violencia contra menores de edad en el país.