Siete personas que harían parte del grupo delincuencial común organizado ‘Los Carroñeros’, fueron judicializadas por la Fiscalía General de la Nación, señaladas de haber participado en el hurto a un carro de valores ocurrido el 18 de enero de 2025 en un centro comercial del municipio de Soledad, Atlántico.
Los procesados fueron identificados como Albeiro José Buelvas Blanco, Alexander Manuel Mendoza Maduro, Romario Romero Alemán, Luis Gustavo Romero Alemán, Fabián Arturo Llamas Pacheco, Edwin de Jesús Blanco Pacheco y Pedro Nair Silva Mena, quienes fueron imputados por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y homicidio en grado de tentativa.
De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron cuando los hoy procesados habrían llegado hasta el lugar donde se realizaba el movimiento de valores. Allí, al parecer, intimidaron con armas de fuego a los escoltas de una empresa transportadora de valores, generando momentos de tensión y pánico en el sector.
En medio del asalto, los implicados habrían accionado sus armas para reducir a los vigilantes y lograr apoderarse de una tula que contenía cerca de 411 millones de pesos en efectivo. Durante el hecho también fue sustraída un arma de dotación de los guardas de seguridad.Lea:https://www.eluniversal.com.co/sucesos/2026/03/31/video-asi-operaron-los-carroneros-en-robo-a-carro-de-valores-por-411-millones/
Tras los hechos, los siete señalados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.
Por solicitud del ente acusador, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer completamente la participación de cada uno de los implicados en este violento asalto que sacudió el área metropolitana de Barranquilla.
El anterior resultado se dio en medio de un trabajo sostenido de inteligencia y seguimiento adelantado por unidades de la Sijín, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, que permitió recopilar material probatorio suficiente para que un juez emitiera órdenes judiciales.
