La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización de tres personas que estarían implicadas en el homicidio del periodista Cristian Hernando Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, Norte de Santander.
Los procesados fueron identificados como John Sebastián Duque Andrade, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González, quienes, según las investigaciones, habrían participado en diferentes etapas de la planeación y ejecución del crimen.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por el ente acusador, Wilmer Portillo González habría realizado seguimientos a la víctima a bordo de un taxi, vigilando tanto su residencia como otros lugares que frecuentaba. Posteriormente, presuntamente se reunió con Angélica Vesga Arenas para monitorear los movimientos del comunicador y alertar sobre el momento oportuno para ejecutar el ataque.
Las pesquisas señalan que, una vez obtenida la información, John Sebastián Duque Andrade llegó al lugar donde se encontraba Herrera y, sin descender de la motocicleta en la que se movilizaba, le habría disparado en repetidas ocasiones antes de huir.
Aunque el periodista fue trasladado de urgencia en una ambulancia para recibir atención médica, falleció durante el trayecto debido a la gravedad de las heridas.
Así fue la investigación por el crimen del periodista Cristian Herrera
La Fiscalía indicó que videos de cámaras de seguridad y otras evidencias permitieron reconstruir los movimientos de los tres señalados implicados en la materialización del ataque. Asimismo, las labores de policía judicial apuntan a que el homicidio estaría relacionado con el ejercicio profesional de la víctima.
Según la investigación, Cristian Herrera había recibido previamente amenazas por parte del grupo delincuencial autodenominado ‘La Familia de la P’, situación que ahora es objeto de análisis dentro del proceso judicial.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a los tres procesados los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, también agravado. Ninguno de los acusados aceptó los cargos.
Una juez de control de garantías de Cúcuta les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Además, avaló la incautación de un taxi, cuatro motocicletas y tres teléfonos celulares que harían parte del material probatorio dentro de la investigación.
