Con falsas ofertas de bonos, descuentos en tiquetes y paquetes turísticos, una organización habría engañado a más de 1.000 ciudadanos en Medellín, Antioquia, y obtenido ganancias ilícitas superiores a los $14.000 millones. Entre las víctimas se encontraban adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad, quienes entregaban sus documentos y datos bancarios bajo engaños.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los presuntos responsables abordaban a los ciudadanos en centros comerciales y los invitaban a conocer supuestos beneficios turísticos. Posteriormente, los trasladaban a oficinas donde les solicitaban cédulas, tarjetas bancarias y teléfonos celulares con el argumento de verificar su identidad y activar las promociones.
Sin embargo, estos elementos habrían sido utilizados para abrir productos financieros y efectuar transacciones fraudulentas a nombre de los afectados. El dinero obtenido terminaba en cuentas controladas por los integrantes de la estructura delincuencial.
Cuando las víctimas no llevaban consigo los documentos o las tarjetas requeridas, los presuntos implicados las acompañaban hasta sus viviendas para conseguirlos. Además, según las evidencias recopiladas, les impedían leer los contratos que firmaban y aprovechaban sus limitaciones visuales o cognitivas, así como la confianza que generaban mediante las ofertas comerciales.
Seis personas fueron judicializadas por los hechos
Las denuncias presentadas por los afectados y el material probatorio recopilado permitieron a la Fiscalía identificar el presunto esquema ilegal, que operaba mediante empresas registradas con diferentes razones sociales para facilitar las actividades ilícitas.
Por estos hechos fueron identificados Luis Fernando Berrío Duque, Juan Camilo Vásquez Ramírez, Juan Diego Ramírez Caicedo, Johana Gil Hena, Carlos Andrés Pineda Zapata y Miguel Ángel Manrique Villa.
Una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín presentó a los seis procesados ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravado.
Ninguno de los señalados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez les impuso medidas de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial.
Cinco de los procesados deberán permanecer privados de la libertad en un centro carcelario, mientras que Miguel Ángel Manrique Villa cumplirá la medida en su lugar de residencia.
Las autoridades continúan con el proceso judicial para esclarecer las responsabilidades individuales en este caso, que dejó más de mil personas afectadas y millonarias ganancias que, presuntamente, fueron obtenidas mediante engaños y el uso indebido de información personal y financiera.
