Cartagena en los últimos años ha tenido que cargar con varias concesiones que le han entregado a los privados el poder de manejar servicios esenciales: Acuacar, Concesión Vial e Iluminenos. Aunque la primera estaba prevista para terminar en 2021, hace seis años el exalcalde Dionisio Vélez la prorrogó 13 años más, es decir, va hasta 2034. La terminación de la segunda es incierta porque, aunque se prevé que ya alcanzó la Tasa Interna de Retorno, se deben esperar los resultados de varias investigaciones. Pero, en el caso de la tercera, todo parece indicar que le llegó su fin.
En la ciudad, el servicio de alumbrado público ha sido prestado por más de 20 años por Iluminemos, bajo la modalidad del contrato de concesión. Sin embargo, desde el año anterior se vienen estudiando diferentes posibilidades para dar por terminada esta larga relación y empezar un camino hacia la optimización del servicio a través de la reposición, modernización, administración, mantenimiento y demás actividades complementarias que permitan promover un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los cartageneros.
La concesión actual estaba contemplada para 20 años, sin embargo, ha tenido que ser prorrogada en dos ocasiones. La primera fue hecha por el exalcalde Pedrito Pereira, quien al llegar al encargo se encontró con un contrato a punto de vencer, y con el acompañamiento de la Procuraduría determinó ampliarlo por un año.
Posteriormente, en diciembre de 2019, Pereira solicitó ante el Concejo facultades para ampliar la concesión de alumbrado por un año más, teniendo en cuenta que el contrato vencía el 2 de enero de 2020 y era la opción más viable, según Findeter, para que la ciudad no quedara a oscuras.
La solicitud fue aceptada bajo la premisa de que durante ese tiempo el Distrito establecería las bases y documentación requerida para adelantar el respectivo proceso licitatorio para la contratación, tarea que quedó a cargo de la nueva administración de William Dau.
Ahora, faltando pocos meses para que venza la ampliación de la concesión (4 de enero de 2021), la Alcaldía de Cartagena ha revelado las cartas que baraja para garantizar la continuidad del servicio y principalmente implementar un sistema más moderno y acorde a las necesidades de la ciudad.
El primer paso que ha dado la administración distrital es la radicación de un proyecto de acuerdo ante el Concejo para que el alcalde haga uso de vigencias futuras excepcionales para celebrar los contratos que permitirán garantizar este importante servicio. El monto de los recursos solicitados es de hasta $464 mil millones, los cuales tendrán cargo al presupuesto distrital desde 2021 hasta el 2030. (Lea aquí: $464 mil millones, monto para garantizar el alumbrado público)
Según lo explicado por la secretaria General (e), Myrna Martínez Mayorga, la Ley 1483 de 2011 establece que estas vigencias podrán ser autorizadas para adelantar diferentes tipos de obras de infraestructura, agua potable, educación o energía.
Además, se alegó que la escogencia de un nuevo operador está contemplada en la línea estratégica de servicios públicos básicos del Plan de Desarrollo.
Una de las principales aclaraciones que ha hecho la administración es que la decisión de hacer un contrato interadministrativo no obedece a un “capricho” sino a una de las opciones planteadas por Findeter en el marco del contrato de asistencia técnica para el desarrollo del proyecto de modernización del alumbrado público.
“Recibimos el estudio por parte de Findeter, en el cual se hizo el diagnóstico del contrato de concesión que se encontraba a la fecha, y se dieron unas alternativas de modalidades de contratación para continuar la prestación del servicio una vez que el contrato vigente terminara, dentro de esas alternativas se contemplaba el contrato interadministrativo, el cual ha sido seleccionado por esta administración para contratar al nuevo operador que va a traer el alumbrado”, indicó Martínez Mayorga.
La funcionaria agregó que este tipo de contrato está en la modalidad de selección de contratación directa, “lo que es completamente válido para regular las relaciones contractuales entre entidades públicas”.
Según la administración, este tipo de contrato responde a los principios de selección objetiva, “toda vez que su principal característica es identificar la idoneidad del contratista seleccionado, lo cual incluye la experiencia, precios, especificaciones de calidad, insumos y materiales, así como la estructura organizacional de la empresa para prestar el servicio, entre otras cosas”.
En ese sentido, se adelantó un estudio de mercado que priorizó las propuestas presentadas por tres grandes empresas a nivel nacional, y que están ajustadas a las especificaciones técnicas del estudio realizado por Findeter, estas son: Empresas Públicas de Medellín E.S.P. -EPM-, Enel- Codensa S.A. E.S.P y Alumbrado Público de Barranquilla. (Le recomendamos: Estos son los proponentes para operar el alumbrado público en 2021)
“Las empresas que tienen dentro de su objeto social la prestación de servicios de la cadena de energía (comercialización, distribución, transmisión y generación) cuentan con la capacidad de desarrollar actividades del servicio de alumbrado público, toda vez que la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 943 de 2018 señalan expresamente que este servicio es inherente al servicio público de energía eléctrica, es decir, las empresas que presten servicio de energía eléctrica perfectamente pueden brindar el de alumbrado público”, precisó la Secretaría General.
Ahora bien, conociendo la normativa legal, entremos a revisar quiénes están detrás de los candidatos a manejar este servicio en Cartagena:
La primera empresa ya empezó a dar sus primeros pasos en la ciudad tras asumir el servicio de energía eléctrica. Se trata de las Empresas Públicas de Medellín, que a través de Afinia, está incursionando en la Costa Caribe y ahora le apunta a quedarse con el alumbrado público de la Heroica.
EPM fue creada en 1955 y el Concejo de Medellín fusionó en un establecimiento autónomo cuatro entidades: energía, acueducto, alcantarillado y teléfono. Desde enero de 1998, fue transformada en Empresa Industrial y Comercial del Estado, y hoy, para el ejercicio de sus actividades, se encuentra sometida a las disposiciones de la ley comercial y es una de las mayores empleadoras de la región.
En el caso de Alumbrado Público de Barranquilla es una Sociedad de Economía Mixta, que, como su nombre lo indica, presta el servicio en la capital del Atlántico desde 2017 cuando terminó el contrato de concesión de 20 años que tenía el Distrito con Diselecsa Ltda.
Para no repetir la misma historia, la Alcaldía abrió una convocatoria para escoger un “socio estratégico” y formar una sociedad de economía mixta, eligiendo así a Barranquilla Capital de Luz S.A.S. En este modelo el Distrito tiene una participación del 65% y el privado maneja el 35% restante.
A su vez, esa firma socia del Distrito está conformada por Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios S.A.S. (con participación del 50%), Alutrafic Led S.A.S. (20%), Megaproyectos de Iluminaciones de Colombia S.A.S. (17%), Iluminación de Villavicencio S.A.S. (10%) y Celsa S.A.S. (3%).
Por otra parte, Enel Codensa hace parte de una empresa multinacional del sector líder en los mercados mundiales. En Colombia tiene un 25% de participación en la comercialización de energía y presta el servicio a más de 3,4 millones de clientes en Bogotá y en más de 100 municipios en Cundinamarca.
En julio de 2020, la firma Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de Codensa en ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’, lo que se traduce en un riesgo bajo de negocio del segmento de distribución eléctrica, dada la naturaleza regulada de sus tarifas.
Todo el plan depende de la aprobación del Concejo Distrital, y, aunque la administración confía en que se de el visto bueno, también se prepara para una negativa.
“Se tendrán que explorar alternativas de corto plazo que generarían mayores costos, y como se ha descrito, el Distrito de Cartagena no podrá prestar un servicio de alumbrado público como se tiene previsto en el proyecto, y con recursos para realizar las expansiones que la ciudad requiere y que la comunidad ha estado esperando desde hace años”.
A diferencia de la actual concesión, este proyecto tiene un horizonte a 10 años que permitirá la recuperación de la inversión y una modernización en no más de 3 años.
Según lo planteado, representará un ahorro de energía de un 33%, pues tendrá menos emisiones de CO2, a su vez generará mayores excedentes para llegar a las zonas de la ciudad que no cuentan hoy con alumbrado público y modernizará la infraestructura del sistema. Además, se señaló que los recursos quedarán en manos del Distrito y no de una concesión, y la tarifa al usuario no se aumentará.