Alexandra Salas Ocampo tiene 22 años y una vez culminó sus estudios decidió comenzar a tocar puertas para obtener experiencia laboral. Ante la falta de oportunidades en la ciudad y los malos sueldos que le ofrecían en algunas empresas de Cartagena, la joven se vio tentada ante una jugosa propuesta, que le traería fuertes dolores de cabeza.
Hoy se encuentra en medio de un proceso legal contra una empresa extranjera por “violación a la normatividad laboral colombiana”. Nunca se imaginó que esta oferta, en la que le dijeron que ganaría más de $3 millones en un Call Center le dejaría pérdidas, estrés e impotencia. Lea también: “¿Puedo hablar con usted un segundo?”: estafa por WhatsApp para vaciar tu cuenta
En el 2022 el Ministerio del Trabajo anunció la apertura de investigaciones luego de que varias personas expusieran en redes sociales los maltratos que vivieron presuntamente al interior de estas empresas que prestan servicio al cliente, ventas, soporte técnico y cobro de cartera. La medida preventiva busca poner fin a los conflictos laborales y acogida por las multinacionales para solucionar las denuncias presentadas, en defensa de los derechos laborales para los trabajadores de estas compañías.
El relato de Alexandra
“Yo apliqué para el trabajo desde casa con la Empresa MacArthur Medical Center y el 17 de mayo del 2023 me hicieron la entrevista de trabajo. El salario era en dólares, nos comunicaron que durante los meses de entrenamiento serían 1.100 dólares estadounidenses, sin prestaciones sociales. Al pasar los tres meses de prueba se iba a firmar un contrato con un salario de 800 dólares estadounidenses, más las respectivas prestaciones laborales. El 20 de mayo del 20023 nos mandaron un correo porque fuimos seleccionados y pasamos la entrevista. Fue curioso porque recibí un correo en el que me decían que fui aceptada en dos empresas: McEwen y MacArthur Medical Center”, contó Salas Ocampo a El Universal.
“Dentro de los requisitos que me pedían para trabajar estaba que tenía que conectarme a una IP estática. Debía hacerlo antes del 6 de junio, puesto que las aplicaciones solo funcionaban con IP estática. No me brindaron herramientas de trabajo, por consiguiente, yo debía poner mi computador. Hice de todo para que en una reconocida empresa me aceptaran ese servicio de internet, ya que es mucho más costoso; este no se le instala a personas naturales en Colombia, y si acordaba la instalación firmaba una cláusula de permanencia por un año. Yo estaba tan emocionada con el sueldo que me iba a ganar que eso no me importó”, relató Alexandra.
Cuenta que las redes en su barrio no estaban habilitadas y hubo muchos problemas para la instalación; sin embargo, ella fue persistente y hasta mandó a poner un poste de energía en su calle para que la IP le fuera instalada.
“Todo era color de rosas los primeros tres meses, me dijeron que yo había pasado el periodo de prueba y mis jefes vinieron de Estados Unidos a Cartagena para hacer una integración con todos los empleados. Ahí conocí a algunos compañeros presencialmente. Me dijeron que me quedaba trabajando en la empresa por mi buen rendimiento. Esa noche nos llevaron a un restaurante, comimos y bailamos”.
Según Alexandra Salas, desde ahí las cosas comenzaron a ponerse turbias.
“Pasaron los tres meses de prueba y no me ponían a firmar contrato, todo era verbal; yo seguía sin prestaciones sociales, sin seguro, EPS o garantías. No estaba vinculada laboralmente a la empresa, el contrato era verbal y ellos en cualquier momento me podían despedir sin razón alguna. Recuerdo que los pagos me los hacían desde diferentes cuentas de Bancolombia cada mes; pagos hechos por personas naturales y no por la empresa. Yo aún conservo esos comprobantes”, puntualizó Salas.
“El 12 de septiembre del 2023 la jefa de Estados Unidos anuncia sorpresivamente y mediante una junta online que la oficina en el barrio Manga de Cartagena ya estaba lista para que fuéramos a trabajar presencialmente, y que era obligatorio. Pregunté si nos darían algún tipo de subsidio de transporte, pero dijeron que no. Eso me molestó, ya que había firmado una cláusula de permanencia con la empresa que me puso el internet por un año, y me dejaron claro que ya no volvería a trabajar remoto, sino presencial. Para mí eso fue un balde de agua fría, porque yo vivo a las afueras de Cartagena, me saldría carísimo. Me quejé y a ellos no les gustó; desde ahí entramos en desacuerdos, hasta que me despidieron por correo”, relató la joven.
“Me sentí abusada y explotada laboralmente por esta empresa extranjera que se aprovecha de la fuerza de trabajo colombiana a través del engaño y promesas laborales falsas, además nos deja con una carga económica por los gastos que asumimos anticipadamente para aplicar a un contrato laboral amañado y de mala fe. Yo no sabía cómo contrarle esto a mis papás, ellos me veían tan contenta y realizada, yo hasta me había independizado. La empresa me bloqueó automáticamente todas las plataformas y correos, perdí todo rastro de ellos. Dolida por quedarme con las manos vacías, busqué un abogado y me dirigí a la cámara de comercio para verificar si esta empresa estaba registrada en Colombia, y no hay registro”, concluyó Salas.
Fernando García, abogado de Alexandra, manifiesta que a su cliente se le ha vulnerado el derecho a la vinculación laboral bajo la normatividad colombiana.
“Quien tiene la condición de teletrabajo utiliza en la mayoría de casos su propio domicilio para desarrollar actividades profesionales. En Colombia tenemos la Ley de Teletrabajo (1221 / 2008 decreto reglamentario 884 / 2012). Esta modalidad de Teletrabajo cuenta con elementos jurídicos necesarios para proteger esta particularidad de contratos. Tiene legislación hace doce años, con 8 horas diarias, 48 semanales y una hora para almorzar. Los teletrabajadores deben estar afiliados a seguridad social, prestaciones sociales, riesgos profesionales, así como a caja de compensación”, indicó el abogado a El Universal.
También habló sobre la creación de empresas extranjeras en Cartagena: “Estas empresas deben establecer sucursales que controlen las operaciones comerciales en la ciudad donde se le está contratando a la persona. El Código de Comercio, artículo 263, establece que ‘son sucursales los establecimientos abiertos por una sociedad dentro o fuera de su domicilio, administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad’. Así mismo, ellos deben también recibir el reconocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cartagena, traducir los documentos al castellano mediante inducción oficial y hasta verificar la información de los documentos con el cónsul”.
El Universal logró comunicarse con la empresa para obtener una respuesta sobre el caso de Alexandra Salas, pero la compañía no ha emitido un pronunciamiento o comunicado al respecto hasta el momento.