Luego de que se conociera que el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, presentará una acción popular contra Aguas de Cartagena (Acuacar) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Contraloría Distrital comenzó a ponerle la lupa a la empresa de servicio público.
Cabe recordar que el mandatario interpuso esta demanda porque, según lo expresado en el documento, se vulneran los derechos e intereses colectivos relacionados con el acceso a una infraestructura de servicios que garantiza la salubridad pública, la eficiencia y oportunidad en la prestación de servicios públicos, y la seguridad y prevención de desastres. La acción también conecta estos argumentos con los derechos al agua potable.
Por esa razón, ayer viernes, 26 de junio, la entidad de control fiscal instaló una Actuación Especial de Fiscalización, la cual busca determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad.
El proceso tiene como propósito evaluar, verificar y determinar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Acuacar en el marco del contrato para la Gestión Integral de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado (GISSA), así como de sus modificaciones, incluyendo el denominado Otrosí No. 3.
De acuerdo con la Contraloría, la actuación permitirá establecer si la empresa ha garantizado una prestación eficiente, continua y de calidad del servicio de acueducto para los habitantes de Cartagena, además de verificar el cumplimiento de los principios y disposiciones establecidos por la ley. Le puede interesar: Tribunal ordena a Acuacar suspender racionamientos, tras demanda de Dumek Turbay
“Esta instalación se da en ocasión de las denuncias públicas que ha hecho el señor alcalde Dumek Turbay de la inconformidad que tiene la ciudadanía en la prestación del servicio público y de todo este tema que rodea la ejecución del contrato de operación del servicio de acueducto en la ciudad”, indicó Yadira Morales Roncayo, contralora distrital de Cartagena.
Y agregó: “Esta actuación tiene un plazo máximo de cuatro meses, en los cuales adelantaremos todas las auditorías y el periodo probatorio correspondiente y, en cuatro meses como máximo, tendremos un resultado definitivo del proceso auditor”.
¿Qué dice Aguas de Cartagena sobre la instalación de Actuación Especial de Fiscalización?
Frente a esta actuación, Acuacar informó que recibió a la comisión de la Contraloría y reiteró su disposición de colaborar con el proceso. Aseguró que brindará toda la información requerida por los auditores, manteniendo, según indicó, su compromiso con los principios de transparencia, legalidad y respeto por las actuaciones de los organismos de control.
“Aguas de Cartagena recibió a la Contraloría Distrital en el marco de una actuación especial de fiscalización y, como ha sido siempre su proceder, brindará toda la colaboración requerida”, señaló la empresa.
Es importante resaltar que a inicios de esta semana, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó decretar las medidas cautelares de urgencia solicitadas por Turbay Paz en la acción popular, de las cuales una de esas es “la suspensión inmediata de los racionamientos”.
El magistrado afirmó que el decreto de las presentes medidas cautelares no implica prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la controversia, ni comporta un pronunciamiento definitivo respecto de la existencia de la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados.
“Su adopción obedece exclusivamente a la necesidad de brindar una protección cautelar y provisional frente a los riesgos que, prima facie, se advierten sobre dichos derechos, mientras se surte el trámite del proceso y se adopta la decisión definitiva que corresponda”, sostuvo el Tribunal.
Aguas de Cartagena fija su posición tras decisión judicial del Tribunal Administrativo de Bolívar
Ante lo emitido por el Tribunal, Acuacar señaló que sus equipos jurídico y técnico se encuentran revisando detalladamente el alcance y las implicaciones de las disposiciones adoptadas por el despacho. Lea también: Acuacar fija su posición tras decisión judicial del Tribunal Administrativo de Bolívar
Aseguró que presentará en las etapas procesales correspondientes las aclaraciones técnicas y los soportes necesarios para demostrar que no ha amenazado ni vulnerado los derechos colectivos de los habitantes de Cartagena.
Reiteró su respeto por las decisiones de las autoridades judiciales y afirmó que actuará conforme a la Constitución, la ley y los mecanismos institucionales establecidos para este tipo de procesos, con el propósito de defender su actuación y evidenciar el cumplimiento del marco sectorial y contractual que regula la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado en la ciudad.
Por último, Aguas de Cartagena reafirmó su compromiso con la prestación eficiente de los servicios públicos a su cargo y aseguró que continuará desarrollando las acciones operativas necesarias para garantizar la atención a los usuarios y la continuidad del servicio, en beneficio de la ciudadanía y de la administración distrital.