En las últimas horas, se conoció que el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, presentó una acción popular contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cartagena (ACUACAR S.A. E.S.P.) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Según lo expresado en el documento, el mandatario invocó la vulneración de derechos e intereses colectivos relacionados con el acceso a una infraestructura de servicios que garantiza la salubridad pública, la eficiencia y oportunidad en la prestación de servicios públicos, y la seguridad y prevención de desastres. La acción también conecta estos argumentos con los derechos al agua potable.
Se refirió a que desde el 2023 se han presentado fallas recurrentes y progresivas en la prestación del servicio de acueducto, “reflejadas en interrupciones, bajas presiones y deficiencias operativas; entre los hechos reportados se encuentran afectaciones derivadas de la presencia de algas en las fuentes de abastecimiento, daños reiterados en tuberías e infraestructura crítica y múltiples suspensiones del servicio que han impactado a amplios sectores de la ciudad”.
La Alcaldía señaló que, durante los años 2024, 2025 y 2026, diversos debates adelantados en el Concejo Distrital, así como denuncias ciudadanas y reportes públicos, evidenciaron problemas persistentes.
Estos inconvenientes se relacionaron con averías en las redes, interrupciones prolongadas del suministro, rebosamientos y presuntos vertimientos de aguas residuales. También surgieron cuestionamientos sobre la situación operativa y financiera de la empresa prestadora.
El accionante precisó que en el presente año, ACUACAR empezó a implementar paradas técnicas y medidas de racionamiento sectorizado que afectan aproximadamente al 15 % de la población.
La propia empresa atribuyó parte de estas restricciones a fenómenos como la presencia persistente de algas y a contingencias operativas. ACUACAR informó que estas medidas podrían extenderse durante varios meses. Lea también: Dumek Turbay rompe relaciones con Acuacar y Veolia: anunció acciones legales
¿Qué medidas urgentes solicita el alcalde Dumek Turbay a Aguas de Cartagena?
En la acción popular, Turbay Paz solicitó la orden de una medida cautelar de urgencia. Pidió que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cartagena (ACUACAR S.A. E.S.P.) suspenda de inmediato cualquier racionamiento del servicio de acueducto, hasta que la empresa socialice un Plan de Contingencias con la ciudadanía.
También solicitó la ejecución urgente de acciones de mitigación frente a problemáticas como las microalgas. Adicionalmente, el mandatario pidió la presentación, por parte de ACUACAR, de un Plan de Acción verificable judicialmente para garantizar provisionalmente el acceso y continuidad del agua potable.
En la demanda, también solicita el abastecimiento alterno mediante carrotanques o puntos fijos en interrupciones superiores a 12 horas. Finalmente, exigió la publicación diaria de información precisa sobre los sectores afectados, los horarios, la presión esperada y los canales de atención, con el fin de proteger de manera efectiva los derechos colectivos de la población cartagenera.
“Las medidas cautelares se formulan ante el peligro inminente de que ocurra un perjuicio irremediable, por la afectación al acceso al agua, indispensable como derecho humano para vivir dignamente y condición previa para la realización de otros derechos humanos para la población Cartagenera”, señaló el alcalde Dumek Turbay en la acción popular.
¿Qué dijo el Tribunal sobre la demanda del alcalde Dumek Turbay a Aguas de Cartagena?
Con respecto a esta acción popular, el Tribunal Administrativo de Bolívar Auto Interlocutorio No. 140/2026, considera que “se estima procedente el decreto de las medidas cautelares solicitadas, en la medida en que resultan necesarias para evitar la consolidación o agravamiento de los perjuicios alegados”.
Finalmente, aclara el Ponente que el decreto de las presentes medidas cautelares no implica prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la controversia, ni comporta un pronunciamiento definitivo respecto de la existencia de la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados.
“Su adopción obedece exclusivamente a la necesidad de brindar una protección cautelar y provisional frente a los riesgos que, prima facie, se advierten sobre dichos derechos, mientras se surte el trámite del proceso y se adopta la decisión definitiva que corresponda”, sostuvo el magistrado.
El Universal se comunicó con Aguas de Cartagena y, hasta la fecha de la publicación de esta nota, no se ha pronunciado. Le puede interesar: Acuacar responde tras anuncio de Dumek Turbay de romper relaciones con Veolia