El Juzgado Décimo Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena declaró improcedente la acción de tutela presentada por un grupo de ocupantes del sector de Ternera que buscaba suspender el proceso policivo relacionado con la recuperación del espacio público en la zona donde se construirá el Intercambiador Vial de Ternera.
La decisión permite que continúe el trámite administrativo adelantado por la Inspección de Policía de la Comuna 14, luego de una queja presentada por la Gerencia de Espacio Público y Movilidad por presuntas afectaciones a la integridad urbanística en un predio ubicado cerca de la bomba Terpel de Ternera y del establecimiento penitenciario San Sebastián. Lea: Arranca el Intercambiador de Ternera: 85 mil millones para acabar trancones en la zona
Los ocupantes acudieron a la tutela al considerar que la audiencia fijada para el 1 de julio de 2026 era el paso previo a un desalojo. En la acción solicitaron suspender cualquier procedimiento de recuperación del predio, realizar estudios técnicos y catastrales, caracterizar socioeconómicamente a las familias y establecer un plan de reubicación o formalización económica, además de conformar una mesa interinstitucional.
Los argumentos del Distrito sobre el intercambiador de Ternera
La Alcaldía de Cartagena defendió la legalidad del procedimiento con base en el Acuerdo Distrital 173 de 2025, que declaró de utilidad pública los predios requeridos para varios macroproyectos, entre ellos el Intercambiador Vial de Ternera, y en el Decreto Distrital 044 de 2026, mediante el cual se declaró de utilidad pública e interés social el predio objeto del proceso y se autorizó la expropiación administrativa por razones de urgencia.
Asimismo, la Secretaría de Infraestructura aportó documentación sobre el avance del proyecto y las gestiones de socialización adelantadas con algunos ocupantes. Puede leer: Intercambiador Vial de Ternera: rutas alternas y plan de tránsito durante la construcción
Por qué el juzgado negó la tutela contra el Intercambiador Vial de Ternera
En su decisión, el despacho concluyó que no existía una orden de desalojo real ni inminente, ya que la actuación prevista para el 1 de julio correspondía únicamente a la continuación de una audiencia pública dentro del proceso verbal abreviado, el cual aún se encuentra en su etapa inicial.
El juzgado también determinó que los accionantes no demostraron la existencia de un perjuicio irremediable, debido a que continúan ocupando sus viviendas y unidades productivas mientras avanza el proceso administrativo. Además, recordó que la audiencia había sido suspendida mediante un auto del 3 de julio de 2026, en cumplimiento de una medida provisional decretada por el mismo despacho.
Otro de los aspectos analizados fue la respuesta de la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, que informó que los accionantes no figuran inscritos en el Registro Único de Vendedores Informales (RUV) ni cumplen las condiciones exigidas por la jurisprudencia para el reconocimiento del principio de confianza legítima en procesos de recuperación del espacio público.
¿Qué sigue?
Con la tutela declarada improcedente, el proceso verbal abreviado No. 008-140-2026 continuará su curso ante la Inspección de Policía de la Comuna 14, que deberá establecer si existieron comportamientos contrarios a la integridad urbanística en el predio intervenido.
El fallo también señala que las decisiones administrativas que se adopten podrán ser objeto de control por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.