El Gobierno Nacional busca frenar el uso de las cárceles como centros de coordinación de actividades delictivas, especialmente de extorsiones. Este fue uno de los principales temas abordados este viernes durante la reunión del ministro de Justicia, Iván Cancino, con el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y el gobernador de Bolívar, Yamil Arana.
El encuentro tuvo como propósito avanzar en una agenda territorial conjunta entre la Nación y las autoridades locales para destrabar procesos, trámites y asuntos jurídicos relacionados con el Ministerio de Justicia. Puede leer: Así combatirá Cartagena el microtráfico y la extorsión: acuerdo entre Dumek Turbay y Gobierno de Abelardo
Cancino manifestó su disposición de trabajar directamente con Cartagena y Bolívar para fortalecer el sistema carcelario, mejorar la infraestructura y el funcionamiento de las sedes de la Policía y el Inpec, combatir la trata de mujeres y la violencia de género y ampliar el acceso a la justicia.
También planteó avanzar en alternativas como casas de justicia y centros de convivencia, incluso con soluciones adaptadas a las zonas marítimas, para prevenir conflictos, reducir la congestión judicial y acercar los servicios de justicia a las comunidades.
“Y la base del Ministerio será la prevención. Vamos a tratar de prevenir; previniendo, inactivamos la violencia, disminuimos la congestión judicial y carcelaria y con eso también le damos la posibilidad a la Policía y a los jueces de que se dediquen a otras cosas y también al acceso a la justicia”, dijo Cancino.
Gobierno prepara estrategia contra extorsiones desde las cárceles
Uno de los asuntos centrales de la reunión fue la estrategia que el Gobierno Nacional viene estructurando para restringir las comunicaciones no autorizadas desde los establecimientos penitenciarios.
Recientemente, el ministro de Justicia se reunió con la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y representantes de los operadores móviles para analizar alternativas técnicas, jurídicas y operativas que permitan fortalecer el bloqueo de las comunicaciones ilegales originadas desde las cárceles.
La apuesta es reducir el uso de teléfonos celulares por parte de los internos para impartir órdenes a estructuras criminales y realizar llamadas extorsivas. Le sugerimos: Seguridad y proyectos para Cartagena y Bolívar: así fue la primera junta con el Gobierno de Abelardo
El reto, sin embargo, es impedir las comunicaciones clandestinas dentro de los establecimientos sin afectar el servicio de telefonía móvil de las comunidades que viven o trabajan en sus alrededores.
El tema tiene especial relevancia para Cartagena por las preocupaciones expresadas por la Administración Distrital sobre el posible papel de la cárcel de la ciudad en las dinámicas de las organizaciones criminales.
El alcalde Dumek Turbay ya había solicitado al Gobierno Nacional una intervención sobre el establecimiento penitenciario, al advertir que podría estar siendo utilizado como centro de operaciones de estructuras dedicadas al delito.
“Lo que pasa en Colombia es lo mismo que acontece en Cartagena. Las cárceles actualmente no son escenarios de socialización, sino todo lo contrario: incubadoras de la extorsión, por lo que todo lo que se haga al respecto es crucial”, indicó Turbay.
Solicitud de Dumek Turbay para el intercambiador de Ternera
Durante la reunión también se abordó una petición de la Alcaldía de Cartagena relacionada con el intercambiador de Ternera. El alcalde solicitó al ministro Cancino viabilizar la entrega de una franja del predio que da ingreso a la cárcel de Ternera, necesaria para continuar con los trámites y la intervención de la obra.
La solicitud corresponde a un área de 2.600 metros cuadrados del Inpec, en el perímetro del centro penitenciario, que el Distrito requiere para la construcción del intercambiador.
“Ministro, necesitamos su ayuda en la gestión, un proceso congelado en el anterior gobierno, para adquirir una franja de terreno de la cárcel. Que la oficina encargada le dé viabilidad y prioridad, pues nosotros estamos listos para la contraprestación y retribución que la entidad exige”, expuso Turbay.
Como contraprestación, el Distrito plantea construir un nuevo ingreso al centro penitenciario y pavimentar la vía de acceso.
“Lo que requerimos es apoyo. Esta es una de nuestras megaobras más importantes, la cual puede sufrir retrasos por este trámite y es una obra contratada desde el año pasado”, afirmó el alcalde.
Ante la solicitud, Cancino contactó a funcionarios para priorizar y viabilizar el proceso, con el propósito de que avance lo más pronto posible. “Para mí es un enorme placer y un sentimiento de felicidad estar con ustedes, escucharlos y tratar de llevarnos algunas tareas para materializarlas rápidamente”, aseguró el ministro.
Acompañamiento jurídico por el diapirismo en Membrillal
Otro de los asuntos tratados fue el proceso jurídico relacionado con el diapirismo en Membrillal. La Alcaldía de Cartagena y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) interpusieron recursos de apelación ante el Consejo de Estado para buscar la revocatoria de una sentencia de $1,5 billones.
La Administración Distrital solicitó el acompañamiento y la mentoría de la Agencia para fortalecer la estrategia jurídica y coordinar nuevas mesas de trabajo. Lea: Juez ordena millonaria indemnización a afectados por fenómeno de lodo en Membrillal
La defensa estatal sostiene, entre otros argumentos, que el diapirismo de lodo corresponde a un fenómeno natural no mitigable y que no existe un nexo causal válido que permita atribuir responsabilidad a las entidades del Estado nacional y local demandadas.
“Pedimos retomar un convenio interadministrativo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pues con el gobierno anterior fue un proceso infructuoso. Necesitamos que la agencia nos dé mentoría y esté más cerca de los municipios”, expresó Milton Pereira, jefe de la Oficina Jurídica del Distrito.
Cancino aseguró que el director de la Agencia, Germán Calderón España, se pondrá en contacto con los representantes jurídicos del Distrito para avanzar en esa mentoría.
Agenda de justicia y seguridad para Bolívar
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, expuso la necesidad de fortalecer la articulación con el Ministerio de Justicia para atender los retos del sistema penitenciario y del acceso a la justicia en el departamento.
También recordó que existía un convenio para la ampliación de la cárcel de Magangué que fue reservado por el Gobierno anterior, situación que llevó al departamento a impulsar iniciativas propias para acercar la justicia a los territorios más apartados.
La visita de Cancino ocurre mientras el Gobierno despliega una agenda de seguridad con las principales ciudades del país.
Cartagena fue incluida por el nuevo Gobierno en una estrategia de intervención especial en seguridad denominada Seguridad Democrática 2.0, enfocada en fenómenos como el homicidio, el hurto y la extorsión.
El primer encuentro de esta nueva relación entre el Gobierno Nacional y el territorio se produjo el pasado 26 de agosto, cuando el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se reunió con Turbay y Arana para definir prioridades para Cartagena y Bolívar en materia de seguridad, convivencia e infraestructura.
La coordinación entre el Ministerio de Justicia, la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar busca convertir las políticas nacionales en acciones concretas para la región, con énfasis en la prevención y persecución de las extorsiones y en el control de los establecimientos penitenciarios.