El próximo 8 de julio se cumplen dos meses desde que la Alcaldía de Cartagena firmó un contrato por $725 millones para la adquisición de 10.000 pruebas rápidas de detección de la COVID-19, sin embargo, estas nunca pudieron ser utilizadas en la ciudad pese a que el tiempo de ejecución era de solo un mes.
Debido al incumplimiento por parte del contratista, en las últimas horas se conoció que el alcalde William Dau decidió terminar el contrato con la empresa barranquillera Ventas Distribución y Marketing.
“Ese contrato tuvo problemas desde el inicio, hubo una combinación de primiparadas por parte de mi administración, porque hay que reconocerlo, pero aprendimos la lección y apenas nos dimos quisimos ponerle fin al contrato”, dijo el mandatario.
Cabe precisar que según un informe entregado por la Alcaldía, en varias ocasiones se solicitó a la empresa cumplir el objeto contractual, no obstante, el contratista hizo omisión de esto, y aunque días antes de terminar el contrato envió una parte de los insumos, estos tuvieron que ser devueltos.
Por otra parte Dau agregó que será el Dadis quien tome la decisión de adquirir nuevas pruebas rápidas aunque confía que las EPS estén haciendo pruebas masivas en la ciudad.
Desde la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía se precisó que hoy se iba a realizar otra audiencia pues la pasada no fue posible debido a que el contratista bloqueó el correo y hubo que notificarlo por correo certificado.
Un contrato cuestionado desde el principio
Los cuestionamientos a este contrato llegaron unos días después de su firma. La Fundación Cívica por Cartagena (Funcicar) fue la primera en emitir una alerta luego de realizar un análisis preliminar de este contrato.
Según determinó Funcicar con el dinero que invirtió la Alcaldía de Cartagena, pudieron haberse comprado 14.530 pruebas adicionales, es decir, en vez de 10 mil pruebas se pudieron contratar 24.530, pues en el mercado este tipo de pruebas cuestan $29.555, pero las contratadas por el Distrito tenían un valor unitario de $72.500.
Posterior a esta alerta el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte a través de la Resolución Ordinaria 80112- 0832 del 30 de abril, decretó la intervención funcional de oficio sobre dicho contrato, es decir, asumió las investigaciones de manera directa. (Lea aquí: Contrato de pruebas rápidas será investigado por la Contraloría General)
Esto implica que la Contraloría General iniciará actuaciones especiales de fiscalización, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal o cualquier otro ejercicio de control que resulte idóneo para esclarecer los hechos relacionados.
Dicha intervención recae sobre todas las etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales del contrato en cuestión, así como sobre los modificatorios suscritos si los hubiere.
Paralelamente el pasado 12 de mayo la Procuraduría Segunda Delegada para la Moralidad Pública, a cargo del procurador delegado encargado Juan Fernando Gómez Gutiérrez abrió indagación preliminar por presuntas irregularidades en el mismo contrato.
En el oficio, se indica que la indagación preliminar es contra funcionarios de la administración del alcalde William Dau Chamatt que resulten comprometidos en los hechos denunciados.
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