Luego del llamado que hizo la Procuraduría General de la Nación a “evaluar la suspensión de la actividades recreativas, deportivas, sociales y de explotación comercial” especialmente en Playa Blanca y Cholón tras las recientes situaciones de inseguridad, el secretario del Interior David Múnera se pronunció al respecto alegando que antes de tomar cualquier decisión realizará primero, una reunión con el Consejo Comunitario de Playa Blanca, y un consejo de seguridad que permita analizar el panorama que se ha venido presentando en la zona.
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“Fruto de estas dos reuniones el Alcalde se pronunciará y se tomarán las medidas pertinentes con relación a esta solicitud que elevó la Procuraduría”, afirmó Múnera.
El funcionario aseguró que por el momento se continuarán e intensificarán los controles y operativos que se vienen realizando en conjunto con otras entidades que tienen injerencia en el sector, tales como la Dimar y el DATT.
“Es un problema antiquísimo el que estamos viviendo. Se han presentado unos hechos que han agudizado más el problema pero hay empezar a tomar medidas de fondo”, puntualizó Múnera.
El secretario afirmó que se debe definir concretamente qué es lo mejor para que Playa Blanca y Cholón sigan funcionando teniendo en cuenta que estas playas son de todos los colombianos y que se debe garantizar la seguridad de los bañistas.
De hecho en la solicitud hecha la Procuraduría, lo que se sugiere es evaluar la suspensión de las actividades turísticas hasta que se garanticen aspectos como la señalización de las playas, la vigilancia y la seguridad, la regularización de las actividades recreativas y de turismo, el plan de manejo ambiental, entre otros.
Gremios opinan
El Consejo Gremial de Bolívar (CGB) aseguró a través de un comunicado que la suspensión de actividades es una medida de cuidado la cual puede afectar seriamente la economía derivada del turismo en la ciudad.
“Desde el Consejo Gremial de Bolívar instamos a considerar los efectos que dicha suspensión de actividades y extensión de la medida a las playas y terrenos de bajamar tendría en toda la cadena de operación turística de la ciudad; especialmente de las comunidades que ejercen sus actividades económicas en el sector y que verían gravemente afectados sus ingresos”, dice el comunicado.
El CGB instó al Distrito a reforzar los controles y la implementación de operativos para garantizar las condiciones de uso, vigilancia y seguridad de las playas así como la protección del medio ambiente y regulación de demás actividades.
“Es urgente trabajar con la Alcaldía Mayor de Cartagena, Corpoturismo, Parques Nacionales, Concejo Distrital, gremios turísticos y demás actores del sector, en la construcción de una política pública, formalización y reglamentaciones requeridas para la sostenibilidad turística de la ciudad”, dijo la entidad que también invitó a hacer esfuerzos para lograr la certificación de Bandera Azul, la cual ya la tiene la playa de La Boquilla.
Por otra parte, en días anteriores, la Asociación Colombiana de Agencia de Viajes y Turismo (ANATO) en cabeza de María Camila Carrascal aseguró que es necesario considerar el cierre temporal de la playa en orden de garantizar la seguridad.
“Ya estamos en el límite y lo peor ya ha sucedido, lo que sigue es extremar medidas y considerar hacer un cierre temporal de Playa Blanca, mientras se ordena este destino y se deciden cuáles serán las acciones contundentes”, dijo Carrascal.
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A su vez Fidel Azula, operador turístico que precisamente dejó de ofrecer este destino por cuenta de la situación aseguró que apoya la medida de cerrar el balneario provisionalmente con el fin de que establezcan las condiciones necesarias para no comprometer la seguridad de los turistas.
“Nadie está hablando de que se acabe Playa Blanca ni de que se cierre para siempre, sino de proporcionar unos espacios o unos recesos donde el ecosistema pueda respirar”, afirmó Azula.
“Lo que se quiere es preservar el sitio, que sea sostenible y que haya Playa Blanca para muchos años más y para las próximas generaciones”, agregó.
El operador turístico también realizó un llamado a otras agencias a que se unan y no ofrezcan a Playa Blanca como destino hasta que esta se organice. “No le hagamos daño al medioambiente y expongamos la vida de los turistas que llegan a Cartagena. Es irresponsable pedir controles a las autoridades sabiendo que hay problemas allá y luego enviar turistas”, aseguró.
Los cierres anteriores
El último cierre de Playa Blanca autorizado por la Alcaldía fue el pasado 5 de enero, cuando se restringió el acceso de los vehículos al balneario luego de este alcanzar su capacidad máxima.
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Sin embargo, en 2018 este balneario también fue objeto de una disputa jurídica cuando el Ministerio de Ambiente ordenó su cierre por siete meses mientras las tortugas carey realizaban su proceso de anidación.
Tras la orden una avalancha de tutelas por parte de los nativos de Playa Blanca desembocaron en la suspensión del cierre temporal del sitio tras alegar que la decisión se había tomado sin consulta previa y les afectaba directamente en cuanto a su derecho al trabajo.
De acuerdo con lo dicho por el secretario de Interior David Múnera, el consejo de seguridad se realizará el próximo lunes 20 de enero, luego del cual se espera un pronunciamiento del alcalde Dau.
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