Cartagena


Así funciona el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero

Este incluye un capítulo especial que destinó recursos para que el gobierno entrante resuelva los embargos del Distrito, que a la fecha sobrepasan los 137 mil millones de pesos.

MARYLIN MARTÍNEZ MARTÍNEZ

12 de diciembre de 2019 12:00 AM

Este martes el Concejo Distrital aprobó el presupuesto de la vigencia fiscal 2020 del Distrito y una de las novedades es la inclusión de un capítulo especial llamado Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero con el que el alcalde electo, William Dau Chamatt, podrá resolver los embargos que recaen sobre la Alcaldía y que en la vigencia de 2019 superan los $137 mil millones.

El director financiero de Presupuesto, Gustavo Martínez Therán, le explicó a El Universal que inicialmente los recursos para resolver estas demandas incumplidas son por $54 mil millones.

“Se decidió incluir un capítulo especial llamado Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, bajo el amparo de la Ley 617 de 2000 y el Decreto Nacional 192 de 2001, para que se ejecute en el periodo 2020-2023 y se restablezca la solidez económica y financiera del Distrito mediante la adopción de medidas de reorganización administrativa, racionalización del gasto, reestructuración de la deuda, saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos.

“Se dispondrán inicialmente de $54 mil millones de Ingresos Corrientes de Libre Destinación, pero con posibilidades de reorientar recursos de Sobretasa a la Gasolina, Estampilla Procultura y Estampilla Años Dorados, así como de recursos de la Nación, especialmente en lo que tiene que ver con los pasivos del sector salud dentro del programa del Gobierno Nacional de punto final, garantizando de esta forma que el ente territorial pueda cumplir con sus obligaciones en los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión social”, explicó el funcionario.

¿Por qué la medida?

Martínez explicó que durante la vigencia fiscal 2018 los embargos ascendieron a $55.287.120.511, de los cuales se aplicaron $37.381.958.791, en lo corrido del 2019 están embargados $137 mil millones. Indicó que estos procesos son por deudas acumuladas del sector salud, energético, Sobretasa Ambiental, entre otros.

Precisó que de igual forma existe la necesidad de concurrir en el pago de pasivos generados por un déficit en el Instituto de Deporte y Recreación (Ider), producto del fallo en segunda instancia de nulidad simple por el cual se confirma sentencia apelada y proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en su Sala de Decisión N° 2, decretando la nulidad de los acuerdos distritales 012/91, 008/97 y 041/06, referentes a la Sobretasa Deportiva, al igual que los menores recaudos en el impuesto de delineación urbana, fuentes que soportaban los gastos de funcionamiento del instituto.

Agregó que otro de los motivos para tomar esta medida es que al terminarse la concesión por la cual se realizaba el cobro de servicios de tránsito en la ciudad, al no contar el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) con la plataforma tecnológica ni logística adecuada para el cobro eficiente de estos servicios, se ha generado un menor recaudo que frente a los gastos y costos de operación del departamento, lo que genera un déficit financiero.

El jefe de Presupuesto manifestó que, además, existe igualmente la necesidad de cubrir el déficit en la operación de Transcaribe, al tiempo que se cumplan con los compromisos asumidos por el Distrito para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, adicional a lo cubierto por el Fondo Unificado de Desintegración.

Así funciona

El funcionario explicó que el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero tiene un techo para el próximo cuatrienio que asciende a los $396 mil millones. Destacó que hay procesos en curso con alta probabilidad de fallo en contra del Distrito como el caso de los afectados en el barrio San Francisco.

“El Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero contempla todas las autorizaciones y facultades necesarias para su correcta ejecución, además de establecer controles en su estructuración y desarrollo, para garantizar la transparencia y efectividad del mismo. La administración, para ejecutar el programa, deberá expedir los actos administrativos correspondientes y presentar en cada vigencia fiscal al Concejo los anexos con la relación de los pasivos objeto de pago”, dijo.

Los pendientes

En temas financieros y presupuestales, Martínez señaló que a la administración entrante le quedan tareas pendientes tales como la actualización de la formación catastral, actualización del estatuto tributario (desactualizado en lo procedimental y desequilibrado en lo sustancial), terminar el censo de industria y comercio, generar mayores niveles de efectividad en los procesos de fiscalización; implementar en todo el Distrito, pero en lo particular en Hacienda, la Ley de Archivo (gestión documental), celebrar un convenio interadministrativo con la Alcaldía de Bogotá para actualizar el software financiero – Predis, actualizar el POT, definir el PEMP, cobrar la Plusvalía, definir su propia oficina de catastro, rediseñar la estructura administrativa y la planta de personal de la secretaría, entre otra acciones administrativas.

Esto cubrirá
Esto cubrirá

Con el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero se pueden cubrir las siguientes obligaciones:

1. Cofinanciación del Programa Nacional para Saneamiento Fiscal o Pago de Pasivos del Sector Salud en lo que corresponda a la administración distrital

2. Cubrir el déficit de las cuentas por pagar y/o reservas presupuestales que deben constituirse a 31 de diciembre de cada una de las vigencias fiscales de ejecución del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, generado por los embargos judiciales a las cuentas del Distrito – déficit de Tesorería.

3. Cubrir el déficit a 31 de diciembre de 2019 del Instituto de Deporte y Recreación y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte.

4. Sentencias y conciliaciones.

5. Pasivo pensional.

6. Pasivo laboral y prestacional.

7. Pasivos por retroactivos laborales.

8. Cubrir los pasivos exigibles y vigencias expiradas de todas las unidades ejecutoras del nivel central.

9. Otros pasivos a acreedores legalmente reconocidos.

10. Déficit por operación de Transcaribe y los compromisos u obligaciones del Distrito con este sistema de transporte masivo.