La discusión constituyente volvió al centro del debate actual, dado que el presidente Gustavo Petro anunció que el próximo 20 de julio radicará un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El camino jurídico y político no será sencillo, ya que se debe obtener aprobación en un Congreso donde no tiene mayorías, superar el control de la Corte Constitucional y alcanzar una votación cercana a los trece millones de ciudadanos por el “Sí”.
No se trata de una simple consigna política; implica activar uno de los mecanismos más complejos y trascendentales del constitucionalismo colombiano. En medio de ese debate apareció lo que parece una paradoja institucional. La Registraduría Nacional reconoció el comité promotor del referendo “Por la Estabilidad Constitucional 2026-2034”, liderado por Sergio Fajardo. Propuesta que busca impedir la convocatoria de una Asamblea Constituyente entre 2026 y 2034 y, mediante un artículo, blindar la estabilidad constitucional, según ellos, para evitar que la constituyente se convierta en herramienta electoral y preservar la seguridad jurídica. Nunca imaginé que un mecanismo concebido para reformar la Constitución pudiera utilizarse para bloquear una eventual reforma constitucional.
Y, sin embargo, allí estamos: dos mecanismos de participación ciudadana enfrentados en una disputa que muchos reducen a intereses electorales, cuando en realidad refleja algo más profundo. Creo que es una lectura simplista decir que esto surge únicamente porque el Gobierno no logró aprobar sus reformas en el Congreso. ¡Basta de dar la espalda a los amplios sectores sociales que sienten que los derechos reconocidos en el texto constitucional siguen siendo promesas burdamente incumplidas! Ahora, a la percepción ciudadana de bloqueo en el legislativo frente a la materialización efectiva del Estado Social de Derecho, se suma un posible intento de bloqueo de reforma constitucional.
La ilusión de una seguridad sin estado
Yezid Carrillo De La RosaEn este contexto continúo considerando muy inconveniente trasladar esa confrontación al terreno constitucional porque implica el riesgo de volver a “barajar” principios fundamentales y derechos ya conquistados, los cuales ciertos sectores cuestionan cada vez que el clima político cambia.
La Constitución actual sigue siendo, a mi juicio, suficientemente robusta para implementar el Acuerdo Final y realizar las reformas estructurales que el país tanto necesita. El problema no es normativo, sino de falta de voluntad política e institucional; así como de ignorancia sobre el contenido de la constitución. Más que reemplazar la Constitución, Colombia necesita tomarse en serio el pacto democrático que ya construyó, y por supuesto: pedagogía constitucional para la ciudadanía.
*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.