Aguas de Cartagena, la empresa mixta que desde 1995 presta los servicios de acueducto y alcantarillado en Cartagena, enfrenta hoy una doble obsolescencia: física y administrativa. Esta crisis compromete la sostenibilidad del sistema, el derecho fundamental al agua y la seguridad del personal de mantenimiento, blanco de agresiones debido a la frustración social por la mala calidad del servicio.
Aunque el modelo mixto fue referente nacional con operadores como Aguas de Barcelona, Suez y hoy Veolia, este dejó de evolucionar. Existe un desfase entre la operación y las obligaciones constitucionales del Estado. En un reciente debate, con intervenciones de los concejales Bejarano (Polo Democrático), Toncel y Barrios (Cambio Radical), se concluyó que el Distrito debe recuperar su papel de garante. Es urgente dotarse de una estructura institucional de control que, aunque cuente con el sector privado, revise esquemas arcaicos donde el interés particular sacrifica al general.
Cartagena creció más rápido que su infraestructura. El Plan Maestro no resolvió el problema estructural: redes con más de medio siglo de antigüedad que exigen reposición masiva. Este rezago vulnera los principios de continuidad, calidad y eficiencia, afectando desproporcionadamente a los más vulnerables y profundizando la desigualdad.
El problema es también de gobernanza. Las decisiones estratégicas se han desplazado a estructuras corporativas en París que priorizan la rentabilidad sobre la sostenibilidad del sistema local. Esto debilita la autonomía territorial y el deber estatal de garantizar servicios públicos dignos. La falta de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) reduce la transparencia y la legitimidad del modelo ante el ciudadano.
La contradicción es clara: mientras la empresa reporta utilidades, la ciudadanía percibe un servicio frágil, con más daños e interrupciones. No es un debate ideológico entre lo público y lo privado; es una cuestión de cumplimiento legal. Un servicio esencial no puede sostenerse sobre redes obsoletas ni modelos que diluyen la responsabilidad local.
Cartagena requiere un punto de inflexión: una política pública que priorice la reinversión en infraestructura, un plan de expansión coherente y un modelo de gobernanza con rendición de cuentas. El acceso al agua no puede quedar supeditado solo a lógicas de mercado. Si no corregimos el rumbo, la obsolescencia pasará de advertencia a crisis estructural profunda.
Cartagena no puede administrar el pasado comprometiendo su futuro. El agua de Cartagena de Indias no se negocia.