La seguridad es un concepto multidimensional. Es, en primer lugar, un derecho humano que se concreta en la posibilidad de vivir sin miedo, con dignidad y en libertad. En segundo lugar, es un objetivo de política pública, que se traduce en estrategias de convivencia y reducción del delito. Y, finalmente, es una potestad del Estado, que se expresa en el monopolio legítimo de la fuerza, el control del territorio y la preservación del orden público.
La historia reciente de Colombia muestra que hemos oscilado entre dos extremos. Desde finales del siglo pasado y comienzos del presente, los gobiernos privilegiaron la seguridad del Estado y la lógica de la confrontación. Si bien modelos como la Seguridad Democrática fortalecieron la presencia territorial, también dejaron déficits importantes en materia de derechos humanos y legitimidad institucional. Cuando la seguridad se concibe únicamente como potestad estatal, el ciudadano termina reducido a una estadística o, peor aún, a un daño colateral.
Hoy el péndulo parece haberse desplazado hacia el extremo contrario. La política de “paz total” y de seguridad humana del gobierno actual no se centra en el enemigo, sino en atacar las causas sociales. El problema es que la seguridad, entendida como derecho, se vuelve ineficaz si quien debe garantizarla —el Estado— renuncia a su capacidad de disuasión.
La evidencia reciente es preocupante. Los ceses al fuego con grupos armados —que no representan proyectos políticos claros— han coincidido con una expansión territorial de estas organizaciones, un aumento de la extorsión y el confinamiento de comunidades. Más que una transición hacia la paz, lo que se observa es una mutación del conflicto: redes criminales que aprovechan la negociación para reconfigurarse y consolidar su control sobre economías ilegales.
En este contexto, el debilitamiento de la operatividad y de la inteligencia estatal no solo afecta la seguridad, sino que erosiona el contrato social básico: el ciudadano obedece la ley a cambio de protección efectiva. Cuando esa protección desaparece, el orden institucional comienza a resquebrajarse. Los atentados terroristas en el Cauca de la semana pasada y lo ocurrido recientemente —con el Eln sustituyendo funciones del Estado y realizando “juicios” a ciudadanos secuestrados— son una señal alarmante de esa deriva.
Esto no significa que la seguridad humana sea un error. Por el contrario, debe ser el fin último de cualquier política pública. Pero sin un Estado capaz de ejercer su autoridad y garantizar el control territorial, ese objetivo se convierte en una aspiración retórica. La paz no puede construirse sobre la base de negociaciones y la ausencia de confrontación armada si persisten formas de violencia contra la población.
Colombia necesita recuperar el equilibrio. La seguridad humana requiere, inevitablemente, de una seguridad estatal eficaz. De lo contrario, no habrá paz, sino una transferencia silenciosa del control social desde el Estado hacia las organizaciones ilegales. Sin Estado, la seguridad no es más que una ilusión.
*Profesor universitario.