Transcurrió un año más sin mayores avances en la reparación de las víctimas del ‘clan Quiroz’, públicamente conocido por haber construido 16 edificaciones en Cartagena sin el lleno de los requisitos legales.
En el 2021 el giro más significativo que dio el caso fue la decisión de los Juzgados Séptimo, Primero y Segundo Penal del Circuito de Cartagena de reconocer al Distrito como víctima dentro de los procesos, un fallo que no agradó a las familias que desde hace cuatro años vienen adelantando acciones para ser reparadas.
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La razón es que ellas culpan al Distrito por su comportamiento omisivo en torno a la construcción de las edificaciones, las cuales se alzaron en la ciudad a la vista de todos y solo despertaron alerta en el 2017 tras la tragedia del edificio Portales de Blas de Lezo II, cuyo desplome dejó 21 personas muertas.
Lo anterior se suma al hecho de que este año la Alcaldía dejó de pagar a las familias los subsidios de arriendo que habían sido ordenados por un juez en 2018, luego de que los habitantes de los apartamentos tuvieran que evacuar las edificaciones ante el riesgo de un posible colapso.
Javier Doria, abogado de un significativo grupo de familias, asegura que la actitud del Distrito este año ha sido indolente e irresponsable en torno al proceso.
“El 2021 fue un año de sufrimiento para esas familias, ha sido un año en que se han sentido muy maltratadas por la administración distrital, que mediante argucias jurídicas ha querido desconocer los derechos de estas personas y de esa forma los ha revictimizado. El Distrito se ha sentado en la posición de no pagar los subsidios de arriendo, de desconocer la orden del juez de control de garantías y ha evadido su responsabilidad”, dijo Doria.
Cabe recordar, que en un inicio el Distrito tomó la decisión de suspender el pago de los subsidios argumentando que estaban revisando casos particulares de beneficiarios que al parecer no cumplían con los requisitos para acceder a ellos.
Pero ahora con su papel de víctima dentro del proceso, el retorno de estas ayudas económicas para las familias se ve lejano, pues el Distrito argumenta que uno de los perjuicios que tuvieron por cuenta de los Quiroz tiene que ver con el tener que entregar los subsidios a las familias.
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Es por esta razón que Doria considera que la actitud de la administración distrital frente a este caso ha sido la mayor barrera que han tenido que enfrentar dentro del proceso.
Las acciones
En estos momentos hay varios procesos en curso por este caso, sin embargo, según afirma Doria, estos avanzan a paso lento.
“Hay un proceso penal que se sigue contra los constructores irresponsables, es decir, los integrantes de la familia Quiroz, y un proceso penal que sigue contra los funcionarios que omitieron el deber de controlar y vigilar la construcción ilegal, esos procesos desafortunadamente están muy retrasados. En la Fiscalía la investigación ha sido lenta al igual que el trámite ante los jueces penales”, explicó Doria.
Por este motivo, muchas de las familias víctimas han tomado la decisión de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para presentar demandas contra las autoridades por su actuar omisivo.
“Estamos a la espera de que ese proceso avance. En muchos de los casos el Distrito y otras autoridades han contestado las demandas, sin embargo sabemos que esa es una tarea de largo plazo que nos va a dar resultados seguramente en un par de años”, dijo el abogado.
Lo que viene
Ante este panorama poco alentador Doria estudia la posibilidad de acudir a tribunales de otro orden para que las familias obtengan el reconocimiento que merecen.
“Estamos planteando la posibilidad de que en el 2022 podamos acudir a tribunales internacionales para que este hecho no quede impune y las familias puedan ser reparadas en los daños tanto materiales como morales que han sufrido, primero por los actos de corrupción de los que fueron víctimas cuando se permitió esa construcción ilegal en Cartagena y por supuesto, por la postura actual de la administración que las ha revictimizado”, manifestó Doria.
En este sentido se espera que este año el caso pueda avanzar a favor de las familias que aún esperan reparación.