Cartagena


El drama que les ha tocado vivir a las víctimas de los Quiroz

Las familias que compraron apartamentos en los edificios, construidos irregularmente, han vivido un calvario desde que tuvieron que abandonar sus hogares.

JULIE GONZÁLEZ ORTEGA

27 de septiembre de 2021 12:00 AM

Más de 200 familias creyeron alguna vez cumplir su sueño de tener una vivienda propia, pero aquella decisión tomada hace ya varios años, terminó siendo su peor pesadilla.

Todo comenzó con el colapso del edificio Portales de Blas de Lezo II en el 2017, que dejó como saldo 21 obreros muertos. El suceso desplegó una investigación en la cual se reveló todo un entramado de ilegalidad en varias construcciones de Cartagena, lideradas por el denominado “clan Quiroz”.

En medio de todo eso quedaron las familias, ahora con el riesgo de que sus edificios también colapsaran. Desde entonces, las víctimas que habían creído encontrar su hogar, han librado una batalla judicial en busca de reparación, la cual se ha visto mediada por una serie de incumplimientos que a muchas las ha dejado en la quiebra, separadas y sobre todo sin un lugar propio donde vivir. (Lea aquí: “Reclamamos atención del Distrito de Cartagena”: víctimas de los Quiroz)

I. El desalojo

Según reportó la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (Oagrd), hay un total de 16 edificaciones construidas por el clan Quiroz de las cuales seis tienen estudios patológicos de la Universidad de Cartagena y siete de la Universidad Nacional, que confirman que estos edificios no cumplen con la norma de sismorresistencia.

Ante ello, a principios de 2018, el Distrito ordenó evacuar las propiedades en un término de cuatro días y dispuso del Coliseo de Combate para alojar a las familias, sin embargo muchas se opusieron. “Considero que se deben tomar medidas de precaución pero no de la forma abrupta como el Distrito quiere desplazarnos”, dijo un residente en aquel entonces. (Lea: Residentes de los 16 edificios en riesgo de colapso tienen 4 días para desalojar)

Ante este descontento y el inicio de acciones judiciales por parte de las familias, finalmente se suspendió el desalojo, y en su lugar se ordenaron cuatro medidas especiales de protección: 1) la reubicación de las familias a través de subsidios de mudanza y arriendo para garantizar su estatus económico; 2) la contratación de un perito para evaluar el estado de las edificaciones; 3) la revisión de los cobros de los servicios públicos por la evacuación de los inmuebles; y 4) propender por la seguridad de los bienes de propiedad de las personas evacuadas.

La odisea comenzó el día que se desplomó el edificio Portales de Blas de Lezo II, en 2017. // Luis Herrán - El Universal
La odisea comenzó el día que se desplomó el edificio Portales de Blas de Lezo II, en 2017. // Luis Herrán - El Universal

II. Cumplimiento a medias

Según Javier Doria, abogado de las familias de diversos edificios, algunas medidas han sido cumplidas por el Distrito parcialmente y otras totalmente incumplidas.

“El subsidio de mudanza se lo pagaron a la mayoría de las familias, fueron como $400 mil; pero en el de arriendo, ha habido muchas dificultades para que a la gente le paguen”, comenta.

Asegura que de 212 familias solo les han reconocido el subsidio a 118 y aún así el pago ha sido muy irregular.

“Tampoco se han instalado los servicios de vigilancia, eso se hizo por cuatro meses y no se ha vuelto a contratar. Algunas edificaciones han sido invadidas por habitantes de la calle y se han robado puertas y cocinas”, afirma.

Estos incumplimientos han provocado que muchas familias no tengan cómo subsistir. “Muchas familias han quedado mal con los arriendos porque el Distrito no les paga e incluso algunos se han visto obligados a devolverse a las edificaciones a pesar de que no tengan servicios públicos”, agrega. (Le puede interesar: “Volví al edificio sabiendo que puede desplomarse”: víctima de Los Quiroz)

Sobre el hecho de que a no todas las familias se les haya reconocido el subsidio, dice que el Distrito ha puesto muchos requisitos para ello.

“Había familias que estaban residiendo allí pero que todavía no les habían corrido escrituras, entonces el Distrito no les reconoce a los poseedores. Hay una serie de circunstancias jurídicas distintas para todas las familias y el Distrito se ha agarrado de allí para no reconocerlas, entonces las familias que ya habían comprado, legalizado la compra y tenían la escritura, las reconocieron como víctimas, pero las que no a pesar de que vivieran allí no se les reconoció ningún derecho”, expresó.

118
es el número de familias a las que se les ha reconocido el subsidio de arrendamiento, sin embargo el pago no ha sido regular.

Añadió que también hay casos en los que el Distrito ha devuelto la solicitud ante la falta de un papel y muchas familias simplemente se han cansado porque han metido los papeles hasta cuatro veces y no se les ha reconocido su derecho.

III. Un actuar “indolente”

Para Doria esta situación ha revictimizado a las familias, especialmente por la suspensión de los pagos de parte del Distrito mientras revisa si las víctimas reúnen los requisitos para ser consideradas como tal.

“Nuestra tesis ha sido que el mayor responsable es el Distrito de Cartagena porque las autoridades territoriales tienen la función legal y constitucional de hacer seguimiento y control a los procesos urbanísticos y de construcción. Si esos edificios fueron construidos sin licencia y desconociendo las normas técnicas, eso es una responsabilidad que recae en primer lugar en los constructores y también en el Distrito que no hizo control, seguimiento, ni vigilancia”, expresó.

Había familias que estaban residiendo allí pero que todavía no les habían dado las escrituras, entonces el Distrito no les reconoce a los poseedores”

Javier Doria, abogado.

Y si bien el problema se dio durante una administración que ya terminó su periodo, afirma que la administración actual también ha estado “totalmente indolente frente al drama de las familias”.

IV. Proceso dilatado

Lilet Daryed Chávez, abogada de otro grupo de familias, indicó que el proceso de reparación integral en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena sigue dilatado. “Esto obedece a que Wilfran Quiroz nunca se presenta en las diligencias, donde esto es necesario para mostrar o entregar fórmulas de arreglo para amparar a las víctimas”, dijo.

En este sentido cree que la justicia “ha desprovisto y descuidado los derechos de las víctimas de los Quiroz, sin que hasta el momento se hayan podido dar pasos positivos para proteger un derecho que no se ve cercano”. (Le puede interesar: Caso de edificios del ‘clan Quiroz’ sigue en manos de los jueces)

Todo esto agrava la situación de las familias que en estos momentos están endeudadas ante la falta de pago de sus arriendos.

“Los perjudicados, quienes no solo deben buscar que la lenta justicia les reconozca y proteja sus derechos, también tienen que enfrentarse al músculo financiero de los bancos para que paguen los créditos hipotecarios o los leasing financieros que fueron garantes para acceder al bien inmueble”, comenta.

V. Consecuencias

El haber comprado en estos edificios sin saber todo lo que estaba detrás de ellos ha sido una pesadilla para cada una de las familias, cuya vida ha cambiado desde el desalojo.

“Hay familias que se separaron porque se fueron a vivir a casas de parientes; hay otras a las que se les acabó su crédito financiero de por vida porque no han tenido cómo pagarles a los bancos, muchos están reportados en Datacrédito y ya no pueden tener vida financiera”, expresó Javier Doria.

Incluso, hay muchas parejas que terminaron divorciándose ante la inestabilidad económica y todo el estrés. “Hay niños que están criándose con sus tías, con sus abuelos o un pariente cercano porque sus papás no tienen cómo pagar el crédito del banco y el arriendo. Familias que compraron un apartamento entre $200 y $300 millones han quedado totalmente empobrecidas y a merced de la misericordia del Distrito”, agrega.

También hay casos en que las familias se han mantenido juntas, pero aún así con muchas dificultades entre crédito, arriendo y la gestión para ser representados y conseguir una indemnización. “Hay mucha gente sufriendo”, sentencia.

VI. La voz del Distrito

De acuerdo con la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, desde 2018 a cada titular de propiedad se le paga entre $2.700.000 y $4.500.000 por trimestre, y aseguraron que con corte a mayo de 2021 se habían desembolsado más de $5 mil millones.

Sin embargo estos subsidios fueron suspendidos. “Se han encontrado situaciones particulares, y es que pese a que los titulares han declarado bajo juramento que sus inmuebles están desocupados, terceros se encuentran habitando los apartamentos y se proclaman propietarios de estos, razón por la cual en este momento es inviable proceder con los pagos”, dijeron. (Lea: Víctimas de los Quiroz reclaman pagos, Distrito investiga si hay ocupantes en los apartamentos)

Por otra parte, Gestión del Riesgo afirmó hacer monitoreos constantes a los edificios verificando sus condiciones.

Los edificios

Portales de Blas de Lezo I

Brisas de Blas de Lezo

Villa May

Portales de Caracoles I y II

Portal de Los Alpes

Brisas de Los Alpes

Alpes 31

Villa Naevia

Calipso

Villa Ana

Villa Vanessa

Brisas de La Castellana

Shalom

Tsalach

Villa Mary

Innova

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