A mediados de julio de este año, el Comité Antipeajes le solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) un control preventivo para investigar posibles riesgos y daños ocasionados por cuenta de la operación del peaje de Turbaco, en el marco de la ejecución del contrato 002 del 2021, celebrado entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Autopistas del Caribe SAS., tras asegurar que la continuidad de este sería ilegal. Lea: Turbaqueros esperan decidir en las urnas el futuro del peaje
En la petición, que en su momento fue dirigida a Carlos Mario Zuluaga, contralor general de la República, y a Luis Fernando Mejía, contralor delegado para el sector de Infraestructura, se indica que en el 2016 fue presentada la iniciativa privada y que luego se realizó el contrato 002 del 2021, “cuando aún se encontraban en ejecución obras correspondientes al proyecto de concesión desarrollado en el marco del contrato 008 del 2007, lo cual modificó el plazo de duración y permanencia del peaje en Turbaco por 35 años más, pero bajo la vigencia del nuevo contrato 002 del 2021”, indicaron. También le puede interesar: ¡Sin acuerdos! Futuro del peaje de Turbaco en manos del Gobierno nacional
En medio de la solicitud del Comité Antipeajes, El Universal conoció la respuesta de Luis Fernando Mejía, contralor delegado para el sector de la Infraestructura, quien explicó que le trasladarán la petición a la ANI, para que esta remita un informe detallado y sustentado sobre los hechos denunciados por el Comité y una vez se reciba, revise y evalúe, se determinará si procede o no el inicio de alguna de las actuaciones de control fiscal que son competencia de la Contraloría General.
“La Contraloría, mediante oficio del 8 de agosto, le informó al Comité que daría traslado de la petición de control preventivo a efectos de determinar si hay méritos para abrir la actuación fiscal solicitada. Al tiempo se informa a la opinión pública que el Comité No Más Peajes le solicitó al contralor general de la República y al delegado para la Infraestructura de esa entidad una audiencia pública para exponer directamente algunos hechos nuevos relacionados con las -presuntas- irregularidades que el comité viene denunciando”, informó el Comité Antipeajes a través de un comunicado.
Y continuaron: “Debe recordarse que una solicitud de control preventivo hecha en el 2017 por un grupo de ciudadanos que se oponían a la permanencia de los peajes internos en Cartagena, dio como resultado un juicio fiscal del ente nacional, en el que se ratificó que la Concesión Vial de Cartagena de Cartagena ya había cobrado el precio de las obras contratadas y que pese a ello siguió metiéndole la mano al bolsillo de los cartageneros”.
Leonardo Jiménez, director de Cedetrabajo, capítulo Cartagena, cuestionó la respuesta de la CGR, por lo que le pidió a la ANI y al Gobierno de Gustavo Petro quitar de manera definitiva el peaje.
“El análisis que hemos realizado frente a este pronunciamiento de la Contraloría, es que es una respuesta inconveniente, pues se tratan de zafar de las responsabilidades porque los hechos son muy concretos. El otrosí número 7, que prorrogó el contrato de este peaje en Turbaco, que le iba a representar al operador privado más de $10 billones de ingresos operacionales y una tasa de ganancia elevada, no tiene en cuenta diferentes factores, y hay que decir que la TIR ya se alcanzó”, indicó.
Comentarios ()