¿Cuál será el futuro del Corredor Portuario?

09 de marzo de 2020 12:00 AM
¿Cuál será el futuro del Corredor Portuario?
El Corredor Turístico y Portuario de Cartagena abarcará más de 66 kilómetros de vías y contempla una inversión de 1,9 billones de pesos. //archivo.

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Desde el año pasado, cuando se conoció que sería adjudicado el proyecto del Corredor Turístico y Portuario, que incluye la Quinta Avenida de Manga (que se ejecutaría a través de una Alianza Público Privada - APP, de iniciativa privada), han sido varios los intentos por frenar el proceso.

El principal argumento de los opositores de la megaobra es que esta presenta la adición de dos estaciones, más de peajes que se sumarían a los cuatro que ya están operando: Bazurto (en Manga), la de Ceballos, La Heroica (en Mamonal) y Corralito de Piedra (a la altura de Abocol) los cuales operarían por treinta años más a través de una nueva concesión. Aunque de otra parte, KMA construcciones, firma proponente del proyecto, aclaró que solo son “dos peajes de control a las afueras de la ciudad, no es doble cobro”.

En ese tira que jala entre los promotores y opositores del mismo, finalmente el 17 de diciembre de 2019 fue adjudicado, sin embargo, la firma del contrato, que debía hacerse máximo 30 días después de la adjudicación, hoy es prácticamente una incertidumbre, pues en gran parte depende de la disposición del alcalde William Dau Chamat, quien desde siempre ha manifestado su rechazo al proyecto, pero que a la fecha, no ha anunciado que pasará realmente con este.

Además, se interpusieron al menos cinco recursos legales para no permitir la firma del contrato, estos inicialmente suspendieron todo trámite, no obstante la mayoría de estos procesos ya han fallado a favor de KMA construcciones.

La decisión más reciente se conoció el pasado 4 de marzo, cuando el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena de Indias dejó en firme la improcedencia de la acción de tutela presentada por los señores Nixon Torres Cárcamo, Óscar Antonio Bonilla y Fidian García, contra la Alcaldía de Cartagena, por la adjudicación de la APP.

Tras esa decisión, se levantó definitivamente la medida provisional de suspensión del trámite autorización y /o suscripción de la APP del Corredor Portuario, por lo que se entiende que el proceso podrá continuar su curso.

Para conocer realmente qué podría sobrevenir tras esa decisión, El Universal consultó al abogado Rolando Figueroa, quien indicó que en términos generales, lo que debería seguir es la suscripción del contrato de concesión, teniendo en cuenta que así lo indican las condiciones pactadas entre el originador y el Distrito en el acto de adjudicación.

Las consecuencias si no se firma

Ahora bien, ante el silencio de la administración sobre la eventual firma del contrato, cabe la duda de si este podría estar pensando en no seguir adelante con el proyecto y buscar alguna alternativa para salvarse de dicha responsabilidad.

Sobre esto, Figueroa aclara que de ser el caso, el Distrito tendría que sustentar razones jurídicas de peso para no suscribir el contrato, esto sin olvidar los riesgos que podrían sobrevenirle al no cumplir con su obligación de firmar el contrato.

“De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, son tres las características del acto de adjudicación: es un acto administrativo de carácter definitivo y de alcance particular, es irrevocable y es obligatorio, tanto para la entidad contratante como para el adjudicatario. En este sentido, debe indicarse que al ser un acto administrativo en firme y obligatorio, deben esgrimirse razones jurídicas de peso para no suscribir el contrato estatal.

“Los riesgos que deben valorarse para no entrar a suscribir el contrato pueden ir desde cuestiones disciplinarias, pues dentro del catálogo de prohibiciones exigibles a todo servidor público se encuentra la de omitir resolver los asuntos a su cargo, conforme al Numeral 7 del Artículo 35 de la Ley 734 de 2002. El otro riesgo al que se enfrentaría la administración es el riesgo fiscal o patrimonial, toda vez que no suscribir el contrato adjudicado, producto de un proceso de contratación, puede dar lugar a que el concesionario reclame los gastos y la utilidad esperada en la ejecución del contrato estatal que debió ejecutarse”, indica Figueroa.

La alternativa de KMA

Pero como el único actor en este acuerdo no es solo el Distrito, sino que también está la KMA en calidad de originador, asalta la duda de que en caso de que el Distrito se niegue a firmar el contrato ¿qué alternativas tiene la firma contratista para que sí se dé?

Según Figueroa, “realmente lo que correspondería sería presentar una demanda contenciosa administrativa buscando la reparación por los posibles perjuicios ocasionados por una hipotética revocatoria del acto de adjudicación”.

No obstante, es de aclarar que hasta el momento KMA, no ha manifestado interés en interponer algún recurso legal y por el contrario han pedido en reiteradas ocasiones reunirse con el alcalde William Dau.

“Desde KMA y CPC (Corredor Portuario de Cartagena) reiteramos nuestro deseo de reunirnos con el señor alcalde, William Dau, con quien estamos seguros podremos encontrar soluciones conjuntas para el desarrollo del proyecto adjudicado. Cartagena tiene por delante una oportunidad única para promover su desarrollo y competitividad y ésta no se debe ver afectada por intereses políticos de personas que no se han tomado el tiempo de estudiar en su totalidad el proyecto”, indicó la firma en su momento a este medio.

Facultades ¿vigentes o vencidas?

Otro de los temas que ha sido materia de discusión en la adjudicación y firma del proyecto es la validez de las facultades otorgadas al alcalde para proceder, teniendo en cuenta que estas se vencían en diciembre del año pasado, y además ese mismo mes los concejales aprobaron otro proyecto de acuerdo para dejar sin facultades al alcalde para la firma de APP.

Pero tal parece que esta última decisión del Concejo, no aplicaría en esta ocasión, pues sus efectos recaen sobre los procesos venideros y no en este caso, pues ya se había adjudicado para la fecha de aprobación del proyecto de acuerdo.

“Ese es un tema que está en discusión, pues se podría pensar que las facultades otorgadas al alcalde son las inicialmente concedidas durante la actuación previa a la adjudicación de la APP, pero también está la posición de que no las tiene, pues el concejo a través del acuerdo 018 de 23 de diciembre de 2019, expidió una norma en el articulo 106 diciendo que no autorizaba al alcalde para celebrar los contratos de asociación público privada que no requieren, entre otras cosas recursos públicos, acuerdo que debió entrar en vigencia hacia el futuro, apenas fue publicado y que no tiene efectos retroactivos.

En esa medida tiene el alcalde que decidir si firma el contrato o revoca el acto de adjudicación, pues para eso tendría que demostrar que se presenta alguna de las dos situaciones descritas en el Artículo 9º de la Ley 1150 de 2007, o ambas causales simultáneamente, razón por la cual podría afirmarse, en principio, que únicamente en esos casos la entidad estatal que ha hecho la adjudicación no estaría obligada a celebrar el respectivo contrato. Estas causales son cuando el adjudicatario incurre en una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, esto es, posterior a la adjudicación y anterior a la celebración del contrato, y cuando pueda demostrarse que la adjudicación “se obtuvo por medios ilegales”.

Lo anterior hace que la propia administración tenga que decidir si ese acuerdo que dispone no autorizar al alcalde a suscribir contratos de APP se torna como un imposible absoluto y definitivo, o solicita al Concejo la autorización para la suscripción del contrato, por lo que deberán valorarse todas estas consideraciones legales al momento de decidir si se suscribe o no el contrato que la ley obliga a su suscripción, dado que existe un acto administrativo de adjudicación.

Habrían recursos pendientes

Aunque se dice que con el levantamiento de la suspensión, el proyecto tiene vía libre para continuar, Erick Urueta, presidente de la veeduría de la rama judicial (Vejuca) precisó que aún están pendientes una demanda de nulidad y una petición de revocatoria directa que a la fecha no han sido respondidas, por lo cual estas podrían cambiar el futuro de la firma del contrato.

“Lo que se conoció fue una decisión en segunda instancia de una acción de tutela que presentaron dos ciudadanos, en la cual se dijo básicamente que no tutelaba los derechos fundamentales y determinó que ese no es el conducto adecuado para debatir el hecho. Sin embargo no se debe olvidar que el veedor Héctor Pérez ya hace mas de un mes presentó una revocatoria directa en contra del acto administrativo que adjudicó el convenio mediante la figura de alianza público privada, y a su vez estos ciudadanos, presentaron una demanda de nulidad, esto quiere decir que se debe esperar la decisión que tome el alcalde y además se debe esperar la decisión de la demanda de nulidad”.

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