Cartagena


El caso Aquarela más allá de la demolición

Detrás del proyecto urbanístico, cuya demolición fue ordenada por Mincultura y la Procuraduría, se encuentran las responsabilidades de otros actores que aún no han sido resueltas.

JULIE GONZÁLEZ ORTEGA

11 de julio de 2020 10:00 AM

En las últimas semanas el edificio Aquarela ha vuelto a los titulares de los medios de comunicación por cuenta de los pronunciamientos del procurador general Fernando Carrillo y del alcalde de Cartagena William Dau, quienes a pesar de coincidir en que el edificio debe demolerse, difieren en los tiempos para hacerlo.

Las palabras del procurador tienen su argumento en los estudios hechos por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) en los cuales se encontraron fallas estructurales en el edificio que pondrían en riesgo a quienes habitan en el área de influencia.

“El capítulo final de esta historia es que esto se está convirtiendo en un problema de seguridad para los ciudadanos. Un problema, además, que busca evitar una tragedia y por eso la orden que le fue dada al alcalde de Cartagena. Estoy seguro que va a cumplir porque tiene el respaldo técnico”, fueron las palabras de Carrillo durante la rueda de prensa llevada a cabo el 27 de mayo. (Lea: Tras identificar fallas estructurales ordenan demolición del Aquarela)

Sin embargo el alcalde William Dau ha sido enfático en varias ocasiones, en decir que aunque está de acuerdo con que el edificio debe caer (algo que ha sostenido desde su campaña), no lo hará hasta que un juez así se lo ordene, con el fin de tener seguridad jurídica para el Distrito y no comprometer la responsabilidad de la administración. (Lea aquí: Alcalde asegura que solo demolerá Aquarela cuando se lo ordene un juez)

De hecho a través de un comunicado, la Alcaldía precisó que a pesar de que existen seis procesos en contra de Aquarela (entre judiciales y administrativos), ninguno de estos ha llegado a decisiones que ordenen la demolición del edificio.

Indicaron que desde la Procuraduría se puso en conocimiento el estudio de la SCI al alcalde, pero que el documento mismo no concluye que la estructura deba ser demolida o que representa un riesgo para los ciudadanos, ya que más bien esto es una interpretación realizada por la Procuraduría y el Ministerio de Cultura, que así lo sugieren. (Le recomendamos: Aquarela: Estas son las fallas halladas en el edificio)

Además, la Alcaldía dijo que el estudio debe ser considerado por las autoridades competentes dentro del proceso en curso para que se puedan tomar las decisiones del caso y luego se emita la orden de demolición si hay lugar a ella, ahí es cuando el Distrito procederá a tomar acciones.

Esta controversia entre el órgano de control que insiste en la demolición y la Alcaldía de Cartagena, ha desatado un intercambio de mensajes entre el procurador y el alcalde, insistiendo el primero en un desacato a las leyes y el segundo pidiendo mayor celeridad al organismo para ejecutar los procesos sancionatorios iniciados tras la construcción, ya que se según el despacho “Aquarela es la consecuencia y no la causa” del mal manejo que se le ha dado a la ciudad en materia urbanística.

El caso

El edificio Aquarela, proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS), comenzó a levantarse desde 2017 a escasos 200 metros del Castillo de San Felipe, exactamente en la manzana 186 del barrio Torices, que de acuerdo a la Resolución 043 de 1994 del Consejo de Monumentos Nacionales, se encuentra dentro de la periferia histórica que cuenta con especial protección para la conservación del patrimonio.

“El paisaje cultural urbano de Cartagena está definido desde 2001 en la página 126 del documento técnico de soporte del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Se trata de un recurso natural y paisajístico con áreas de periferia histórica y protección ambiental señaladas en la Resolución 043 de 1994. El lote está afectado por la visual importante 7, con origen en el cerro de La Popa. Esta tiene por objeto controlar precisamente las alturas de estructuras como antenas, torres, edificios, vallas publicitarias, etc., que puedan alterar el dominio que sobre el paisaje cultural urbano de Cartagena tiene el Castillo San Felipe de Barajas”, explica el arquitecto Jaime Correa Vélez, miembro del comité científico de paisaje cultural del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos).

De acuerdo con el arquitecto, El POT determina cuatro pisos para este lote y la licencia de construcción le autorizó a Aquarela de manera irresponsable 32 pisos, lo que dio origen a la polémica de hoy y a la insistencia de Unesco en tomar medidas sobre el edificio, teniendo en cuenta el estatus de patrimonio de la humanidad que ostenta la ciudad y que puede verse afectado de continuar con el proyecto. (Lea: Unesco apoya solicitud de demolición de Aquarela)

Sin embargo, de acuerdo a lo que sostiene la Promotora Calle 47, consorcio constructor de Aquarela, el proyecto fue debidamente licenciado bajo el amparo de la circular del 10 de diciembre de 2013 expedida por Planeación Distrital, la cual liberó varias zonas de la ciudad para vivienda VIS sin límite altura. De acuerdo con la Promotora, bajo esta circular comenzaron su ejecución otros 40 proyectos inmobiliarios.

Esta circular fue solicitada por las curadurías urbanas, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) y la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA) para aclarar e interpretar el POT de 2001 frente a la densidad habitacional, las áreas de cesión y los retiros en los proyectos VIS, sin embargo según sostiene el arquitecto Correa, consultado por este medio, “ninguna de las aclaraciones e interpretaciones realizadas en la circular deroga, modifica ni ajusta la normatividad vigente en materia de conservación de patrimonio arquitectónico ni de los recursos paisajísticos del Distrito”, por lo que esta no tendría el alcance para autorizar este tipo de proyectos.

“Esta circular solo se aplica en las áreas que el POT establece para el desarrollo de los proyectos VIS, que en Cartagena son el Triángulo de Desarrollo Social, las zonas de Expansión Urbana y las cabeceras corregimentales”, señala Correa, que entre otras cosas afirma que la focalización de los proyectos VIS en Cartagena en los últimos años se han dado hacia zonas determinadas por el mercado y no por la necesidad.

Las licencias

Las licencias de construcción de Aquarela fueron entregadas por la Curaduría Urbana N°1 mediante resoluciones expedidas en 2015, 2016 y 2017, tomando como base la interpretación realizada de la circular de 2013 y la respuesta a un derecho de petición presentado por la constructora al IPCC, en el cual desde la jefatura de la División de Patrimonio se indica que la manzana 186 del barrio Torices no estaría dentro del área de influencia del Castillo San Felipe, a pesar que el artículo 4 de la resolución 043 de 1994 del Consejo de Monumentos Nacionales menciona al barrio Torices dentro de la zona de influencia sin discriminación de sectores.

A pesar de esto el curador Urbano 1, Ronald Llamas, contra quien cursa un proceso en Fiscalía por urbanización ilegal y prevaricato por acción, aprobó las licencias.

El certificado VIS

Otra situación que ha quedado en entredicho es el certificado de vivienda de interés social expedido a través de resoluciones de 2015 y 2017 por Corvivienda a Aquarela, pese a la normativa consignada en el POT sobre la localización de este tipo de proyectos.

Sobre esto la Promotora Calle 47 indicó que los diseños cumplen con las características para ser clasificados como VIS, y fue verificado por Corvivienda.

La ausencia de PEMP

A pesar de todo lo anterior, algo que ha sido altamente cuestionado por la constructora es el rol del Ministerio de Cultura en medio de todo.

“En el caso de Aquarela, lo que el señor procurador General de la Nación debe investigar es porqué el Ministerio de Cultura le falló a Cartagena con el diseño y la adopción oportuna del Plan Especial de Manejo y Protección de los Monumentos Patrimonio (PEMP), el cual la Unesco venía solicitando al Estado desde hace quince años y que no existía cuando el Distrito otorgó las licencias de Aquarela”, señala la Promotora Calle 47.

Igualmente desde el gremio de la construcción Camacol, también señalan que es de vital importancia que desde la administración se desarrollen los instrumentos propios del ordenamiento territorial como el POT, el PEMP y el POMCAS con estudios técnicos y de riesgos precisos que den seguridad jurídica para ejecutar las obras.

“Lo que necesitamos para que esto no vuelva a pasar es que la administración actúe a tiempo con las necesidades del sector. Se debe actualizar el marco normativo y jurídico. Se requieren aclaraciones normativas que nos ayuden a reactivar la construcción en la ciudad en el corto plazo, como la Normativa de Parqueaderos, Vivienda de Interés Social, y Cargas y Beneficios y Cesiones anticipadas, que permitan dinamizar otras zonas de desarrollo en la ciudad”, dijo Angélica Salas, directora de Camacol, quien atribuye el caso Aquarela a la inestabilidad jurídica y falta de institucionalidad en el ordenamiento territorial, la cual ya está poniendo en riesgo la producción de la vivienda VIS que en comparación a años anteriores viene en declive en Cartagena.

Compradores, ‘en el aire’

Mientras todo esto ocurre, cerca de 950 familias que habían invertido en el proyecto se encuentran afectadas. De hecho según la Promotora Calle 47, 385 familias que habían adquirido vivienda en las torres 3, 4 y 5 han desistido de la compra mientras que el resto sigue esperando una salida jurídica al proceso.

Pero los más afectados son los de las torres 1 y 2 quienes no tienen la opción de recuperar su inversión hasta que no haya un fallo. “Siempre hemos intentado dialogar con la constructora y con el Distrito y la respuesta que siempre nos dan es que nos tenemos que atener a lo que se dé en los procesos judiciales, procesos que aún están en curso y en los que hasta el momento no hay una decisión de fondo, por eso nuestra inversión está en el aire y nadie nos responde”, comenta Luis Eduardo Torres, uno de los compradores afectados. Se habla de que en estas dos torres adquirieron vivienda unas 250 familias. “Yo presenté un derecho de petición hace más de dos meses solicitando una cita con el alcalde y sus asesores, teniendo en cuenta todo lo que se escucha de la demolición. Nos respondieron diciendo que iban a enviar eso a la secretaria privada del alcalde pero hasta ahí llegó y no hemos recibido respuesta”, dijo Torres. (Lea: Al alcalde Dau le pedimos que nos escuche: compradores de Aquarela)

El hombre puntualizó que lo que quiere él y el resto de los compradores es ser tenidos en cuenta dentro de las decisiones que se vayan a tomar con respecto al edificio, por el daño que se les está causando en todo el proceso. “Nosotros queremos hacerle una propuesta conciliatoria por todo el perjuicio que estamos pasando, porque hay muchas personas pagando arriendo, que perdieron los subsidios, que invirtieron su dinero, que se endeudaron para pagar la cuota inicial. La idea es evitar demandas en contra del Distrito y sentarnos a conciliar, pero no nos han dado fecha para una posible reunión”, relata. Según él cada familia tiene entre 30 y 40 millones de pesos depositados que representan sus ahorros de toda la vida, y que todo lo que ha pasado con Aquarela simplemente ha truncado los sueños de muchas personas de poder tener su hogar.

Los procesos contra Aquarela

Dentro de los procesos que cursan contra el edificio se cuentan:

Acción popular interpuesta por el Ministerio de Cultura en contra de la Alcaldía de Cartagena, la Secretaría de Planeación Distrital, la Curaduría Urbana N°1 y la Promotora Calle 47 SAS.

Proceso policivo por parte de la Inspección de Policía de la Comuna 2 de Cartagena, cuyo fallo ordena la restitución de 619 metros cuadrados de espacio público y el pago de una multa por $156.248.400 a los constructores.

Proceso penal ante la Fiscalía por delitos de urbanización ilegal y daño a los recursos naturales al representante legal de la Promotora y el arquitecto del proyecto. Al curador urbano n°1 Ronald Llamas se le imputaron delitos de urbanización ilegal y prevaricato por acción.

Acción de nulidad interpuesta por la Procuraduría General de la Nación por la presunta ilegalidad de la licencia.