Desde hace varios años se viene luchando para que Cartagena tenga un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) actualizado, pues el último (del 2001) está desactualizado y por eso la ciudad ha crecido con algunas falencias relacionadas con el uso del territorio. Lea: Los duros cuestionamientos de los gremios al POT de Cartagena
En medio de las acciones que el Distrito ha venido adelantando para subsanar esas “falencias”, se hicieron mesas de diálogo con participación ciudadana, para conocer las necesidades que actualmente aquejan a la ciudad; sin embargo, algunos sectores cuestionan el papel de las comunidades, pues, según ellos, solo se les brindó información y señalan que este nuevo POT que se plantea tiene “muchos vacíos”. También le puede interesar: Realizan mesas de trabajo con comunidades sobre el POT
Robinson Rada González, presidente de la Sociedad Colombiana de Urbanistas, se refirió a los primeros inconvenientes que tuvo con la Secretaría de Planeación frente al POT. “Nosotros fuimos convocados por la Alcaldía y la primera constatación que hicimos fue que el POT ya iba por su etapa de formulación. En ese entonces se le preguntó al secretario de Planeación qué querían de nosotros y nos dijeron que querían que leyéramos lo que hicieron, y le colocáramos nuestra firma de validación. Eso causó una diferencia profunda, puesto que la función del Consejo Consultivo es la de hacer la auditoría del POT vigente, que es el de 2001”, dijo.
Lamentó que la ciudad no tenga expediente urbano, considerada la historia clínica de lo que hoy existe: “Ellos tienen unos documentos sueltos que llaman expediente urbano, pero no es homologable a este concepto, porque la Ley lo califica como un sistema de información integral sobre el territorio que permita tomar las decisiones y las acciones para poder equilibrar el territorio”.
Denunció que se habría excluido la etapa de seguimiento y de evaluación con el acompañamiento del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. “En esa etapa el diagnóstico que produjo el trámite del POT por parte de la administración es falso, porque lo que valida la realidad del territorio es el ejercicio que se hace con los distintos secretarios, actores sociales del territorio representados en el Consejo Consultivo”, cuestionó Rada.
“Hemos considerado que es suficiente la burla que ha tenido el secretario de Planeación y la coordinadora del POT, por eso hemos acudido a unas acciones judiciales como una tutela por el interés colectivo y una acción popular donde vamos a hacer las denuncias respectivas de la violación al debido proceso participativo y democrático para la conformación del POT, que está ausente; la violación del derecho a la propiedad, porque es inconsulto el cambio del suelo, los tratamientos urbanísticos y los índices de construcción. Y la ciudad sigue estancada, pues no hay una obra que valga la pena”, agregó.
También denuncian presuntos desconocimientos de nuevos escenarios que puedan aumentar el turismo y el PIB de la ciudad.
De igual forma, el empresario cartagenero David Espinoza hizo reparos al POT: “El nuevo POT propuesto tiene temas preocupantes para la ciudad como: deja casi toda la zona norte como rural y limita su crecimiento como polo de desarrollo; reduce la altura de toda la ciudad a 5 pisos y prohíbe la construcción en zonas cercanas a cualquier canal de agua, afectando a muchos barrios. También reduce el suelo industrial en Mamonal, afectando nuevas iniciativas en la zona. Afecta la oferta de vivienda acorde al crecimiento de la ciudad, lo cual incentivará la informalidad y limita el desarrollo de nuevos proyectos turísticos”.
Los gremios empresariales asociados al Consejo Gremial de Bolívar (CGB) manifestaron la necesidad que tiene la ciudad de contar con un POT actualizado y coherente con las vocaciones y necesidades del territorio.
“Lamentamos que los procesos de participación han contado con información parcial e incompleta, y eso restringe la participación de la ciudadanía. Por ejemplo, se cargó la información la semana pasada y a los dos días ya estaban radicando en Cardique cuando en la última socialización el equipo se había comprometido en darnos al menos 15 días, pero había que analizar a fondo el documento de la formulación. Eso se incumplió y nos parece una falta de respeto”, dijo Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del CGB.