Se agrega un capítulo más a la disputa que sostienen parte de los trabajadores de Playa Blanca y Barú con el Distrito de Cartagena. Ayer se canceló una reunión porque los bloqueos siguieron y ahora se interpuso una acción de tutela por parte de uno de los protestantes.
La Alcaldía de Cartagena emitió un decreto que implica la clausura de las playas rurales de Barú durante un período de dos días. Esta determinación ha generado descontento en ciertos sectores de la población local, especialmente entre aquellos que dependen del turismo en la región. Como acto de protesta, los líderes bloquearon el acceso a la zona en señal de inconformidad con la medida. Lea aquí: Acuerdan nueva reunión de nativos de Playa Blanca y Barú con Distrito
Posteriormente, la Secretaría del Interior acordó reunirse con el grupo de protestantes; no obstante, el representante legal del Consejo Comunitario de Santa Ana, Jirson Altamar, interpuso una acción de tutela contra la Alcaldía de Cartagena. Lea aquí: Protestaron en el canal del Dique porque llevaban ocho días sin luz
Lo que dijo
Ya el documento fue admitido y Altamar habló con El Universal sobre lo que busca al acudir a este medio judicial.
“Lo que estamos solicitándole al juez con la acción de tutela es que ordene la derogación del decreto debido a que violó todas las normas establecidas para los acuerdos. Primero había que convocar a la comunidad. Debían contar con la opinión de la comunidad para poder sacar ese decreto”, dijo el representante legal del Consejo Comunitario.
Posteriormente explicó que la comunidad no se opone a la intervención de las playas, en tanto que ese proceso representa un beneficio para ellos y su sustento; sin embargo, sienten que fueron invisibilizados al momento de la toma de decisiones y se aprobó un decreto que sienten que les desfavorece.