La adjudicación del macroproyecto de Protección Costera es una de las grandes necesidades de Cartagena, pues además de significar un paso importante en la materialización de esta gran obra, generará miles de empleos en la ciudad y contrarrestará las tasas de desempleo producto de la pandemia por el coronavirus. (Lea aquí: “Con la no realización de la protección costera está en riesgo la ciudad”)

Sin embargo, el pasado 28 de julio la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó que se declaró desierta la licitación porque ninguno de los dos consorcios interesados en ejecutar las obras cumplió con los requisitos técnicos.

La decisión generó reacciones de lamento y preocupación desde diferentes sectores en la ciudad.

““El Consejo Gremial de Bolívar llama la atención de la Ungrd y de la Alcaldía de Cartagena, para que pueda definirse en el menor tiempo posible, el reinicio del proceso de selección, la contratación y ejecución de las obras que fueron declaradas una urgencia para Cartagena, toda vez que la erosión sigue amenazando el patrimonio de la ciudad y la seguridad de sus habitantes y visitantes”, indicó el gremio en un comunicado. (Lea aquí: CGB pide agilizar pasos para contratación de obras de protección costera)

Además, recientemente la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales le envió un oficio al alcalde de Cartagena, William Dau, y al director de la UNGRD, Eduardo Gónzalez, donde expone unos incumplimientos en la entrega de información solicitada en los meses de abril y junio de este año.

“Después de estudiar las respuestas más recientes recibidas de sus entidades y los documentos aportados a las mismas, consideramos que, en relación con algunas de las observaciones planteadas, aunque fueron atendidas formalmente, los pronunciamientos realizados no responden de manera concreta las inquietudes planteadas”.

Los cuestionamientos técnicos

Debido a las inconsistencias en la información referidas por la Procuraduría, el ente de control planteó algunos cuestionamientos técnicos que aún tiene con el proyecto.

Uno de ellos es la interventoría técnica del proyecto, pues según el Distrito, el Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena cumplió la función de supervisar el mismo en calidad de contratante, hecho que, si bien no es irregular, “genera inquietud”.

“No se ejerció revisión técnica externa de los diseños del proyecto, lo que hubiera dado mayor tranquilidad sobre la formulación del proyecto y la ejecución del mismo. En las diferentes respuestas, se mencionó la participación de otras entidades en la revisión de los diseños, pero esta circunstancia no se acreditó”, señaló la Procuraduría.

Las entidades evaluadoras a las que se refiere son la Universidad de Cartagena, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar y la Dimar.

Además, la Procuraduría presentó una inquietud respecto a la vigencia de los estudios realizados por la UdeC, ya que en las respuestas enviadas por la institución no se aportaron soportes técnicos que respalden esto.

Otro cuestionamiento tiene que ver con la complementación de la fase I del proyecto con las obras de drenaje pluvial de la carrera 1 de Bocagrande.

El Ministerio Público manifestó que el Distrito no aportó solicitud elevada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales sobre si se considera un cambio menor de la licencia ambiental, ya que si bien hay un Plan de Manejo Ambiental aprobado por el EPA, en este no se analizó el verdadero impacto técnico, económico y ambiental de estas obras.

Señaló que aunque la Ungrd respondió con un oficio de la ANLA, en el documento la autoridad no analiza, ni hace referencia sobre estas obras de drenaje y tampoco se pronuncia sobre la necesidad o no de adelantar el trámite para el procedimiento de modificación de la licencia con ocasión de las obras de drenaje de la avenida 1ª de Bocagrande.

“Al no encontrarse claridad sobre este aspecto, la Procuraduría General de la Nación solicitará a la ANLA pronunciamiento concreto sobre el mismo, por considerar que los impactos que esta intervención puede generar al proyecto de protección costera no están adecuadamente identificados”.

Por otra parte, se plantea la duda de una posible generación de mayores cantidades de obra al realizarse los levantamientos topográficos y batimétricos antes de iniciarse las obras, lo que se convertiría en un mayor costo del proyecto.

En caso de darse este escenario la Ungrd respondió que “evaluará la posibilidad de utilizar los rendimientos financieros generados por la fiducia para ser reinvertidos en el proyecto”.

Por último, el procurador delegado, Diego Fernando Trujillo, dejó por sentado que desde el organismo se realizará un seguimiento estricto a la ejecución del macroproyecto, los diseños, licencias, estudios que lo respaldan y la información complementaria entregada por la Ungrd y el Distrito.

“Solicitamos que dentro del término de diez (10) días hábiles se remita la complementación de las respuestas, en los aspectos señalados por medio de la presente comunicación”, puntualizó.