Cartagena


¿Por qué es ilegal el regreso de los buses de Olaya? El Datt responde

Un nuevo capítulo del juego de poderes entre autoridades y transportadoras agita a Cartagena. Preocupa el futuro vial de gran parte de la ciudad.

OMAR CARRASQUILLA LEÓN

01 de septiembre de 2021 12:00 AM

Los buses de las rutas 4 (Olaya – Centro) y 32 (Pozón – Crespo) volvieron a circular por las calles de Cartagena, luego de ser sacados de circulación hace años. Muchos ciudadanos sonrieron con el retorno ya que estos los recogieron a pocos pasos de su casa. Sin embargo, para las autoridades esto representó un retroceso en el desarrollo social y de movilidad, además, despertó la controversia: si los buses que hacían este recorrido fueron chatarrizados ¿cuáles son los que están circulando?

La respuesta la tiene Transportes Montero, principal beneficiario de la medida cautelar proferida por el Juzgado octavo administrativo de Cartagena. Para el Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes (Datt), en sus términos, no se trató de ningún acto extraordinario de reencarnación ni resurrección, sino de una estrategia irregular que alimenta toda la polémica relacionada. (Lea el contexto: Los buses de Olaya vuelven al ruedo en Cartagena)

El Datt denunció que, como la transportadora no cuenta con la flota necesaria, ha recurrido a convencer a otros propietarios para usar sus buses en las rutas de Olaya y Pozón, incurriendo en un perjuicio: estos buses no tienen la tarjeta de operación para las rutas 4 y 32. Mientras tanto, sobre la avenida Pedro Romero, se vieron pasar los buses, y en sus parabrisas se pudo leer el Olaya escrito en cartulinas de colores que venden en papelerías.

Muchas voces en la ciudad consideraron que esta alteración de las rutas generará traumatismos en otros sectores de la ciudad, donde habrá afectaciones en tiempos y rutinas para muchos usuarios.

La avenida Pedro Romero, una de las vías principales de la ciudad y por donde pasan estas rutas, sufre de una movilidad caótica, generada por el tránsito compartido, en una vía angosta y con problemas de pavimentación, entre busetones de Transcaribe, buses del Transporte Público Colectivo, carros, motos y bicitaxis. Situación que haría más crítica los nuevos actores, pero que a los habitantes de los barrios cercanos no les preocupa, ya que “los afecta Transcaribe, no entra a los barrios y daña las carreteras”, como narró un líder comunal de Olaya Herrera, quien prefirió reservar su nombre.

Aureliano Rico, especialista en derecho administrativo y empleado del Datt, aseguró que son comprensibles y coherentes las quejas de los usuarios frente a Transcaribe. Procesos y cobertura pueden mejorar. Pero el Distrito también argumentó que hay mucha renuencia frente al cambio de paradigma y cultura cívica que supone el masivo. “Se quejan de la recarga de la tarjeta, que no los deja en la puerta de su casa o que vienen llenos, sin pensar en general y cómo el sistema organiza la movilidad. Faltan buses y organización, pero aun no alcanzamos el cien por ciento de implementación”, señaló la autoridad de tránsito.

(Le puede interesar: “Dau, te vas a arrepentir”: manifestantes tras supuesta “huida” del alcalde)

Incoherencias desde el fallo

En el interior del Datt, la medida es inconveniente. “Consideramos que hay distintos elementos del fallo que posiblemente no estén acordes a la normatividad, por esta razón el Distrito apeló para que el superior jerárquico la revise, y si está de acuerdo con los argumentos, revoque dicha medida Por el momento, acataremos para no incurrir en fraude a resolución judicial e ir presos varios funcionarios del Distrito”, expresaron. Ya hay procesos jurídicos abiertos en relación con las empresas transportadoras. “El juez debió analizar, antes de admitirla, ya que Transportes Montero tiene una demanda que no ha sido resuelta, por lo que se hace incongruente la presente”.

Por otro lado, desde el Datt explicaron que, según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la orden judicial se basó en una acción de nulidad simple. Sin embargo, esta dispone que con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere, no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero. Por lo que el beneficio a un particular: Juan Carlos Cárcamo García (demandante) o Transportes Montero, lo prohibe la ley en relación a esta acción.

“Lo que aplicaba en este asunto jurídico era la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pero esta tiene un término de caducidad de cuatro meses posterior al decreto, y ya pasaron varios años de su firma”, señaló el Datt. Según la ley, en esta figura sí se puede favorecer el interés particular. “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho”.

Para la entidad, la ilegalidad se exacerba con el uso de rutas canceladas hace aproximadamente tres años, y al estar los buses chatarrizados, tomar buses de otras rutas para disponerlos en las resucitadas.

Ciudadanos reportaron ingresos a otros barrios

Al disponer para las rutas 4 y 32 buses legalizados en otras rutas y sectores, para las autoridades es señal de que atienden al lucro antes que las necesidades de movilidad pública. “Hecho que se confirma en el abuso que hacen de la falta de control operativo que tiene el Datt, para extenderse a otros barrios que no hacen parte de su ruta”.

La posición de Transportes Montero

La empresa volvió a circular respetando la orden judicial. Juan Carlos Cárcamo García no tiene ningún vínculo ni laboral ni personal con la transportadora. Efectivamente, no se tiene la capacidad para estas rutas, sin embargo en aras de prestar un servicio a la comunidad se está haciendo un esfuerzo para conseguir los vehículos necesarios para prestar un buen servicio. Niegan estar entrando a Villagrande, pero sí han solicitado autorización del servicio a barrios como Bicentenario y alrededores.

“Seguiremos respetando el fallo, recorriendo las rutas según lo establecido y, si la autoridad lo permite, aumentar la cobertura a otros barrios que demandan soluciones de movilidad y transporte, y que se quejan por la falta de buses de Transcaribe, la incomodidad y el horario incoherente con sus rutinas laborales”, expresaron.

No tenemos parte en el proceso. Ni estamos detrás de la demanda. Lo que decidan los jueces y las autoridades lo acataremos”

Transportes Montero.

Carencias en el control operativo del Datt

La entidad tiene 160 agentes en tres turnos, 55 por turno. El número disminuye por cuestiones médicas, incapacidades y misiones especiales de escolta.

Un análisis del Datt tomando en cuenta diferentes factores como el número de habitantes, número de vehículos, malla vial, entre otros elementos, concluyó que para dar abasto en el control policial del tránsito se necesitan entre 350 y 400 agentes. 150 por turno. Un 50 % adicional del personal actual.

Con esto consideran que podrán controlar irregularidades como la que denuncian en la presente nota.

  NOTICIAS RECOMENDADAS