Cartagena


Procuraduría convoca reunión urgente para proteger las Islas del Rosario

El Ministerio Público hará seguimiento a los compromisos adquiridos para proteger este ecosistema tras un fallo del Consejo de Estado en 2011.

YESSICA RIVERA PORRAS

20 de septiembre de 2022 05:45 PM

Las Islas del Rosario y el archipiélago de San Bernardo, en la zona insular de Cartagena, son un tesoro en riesgo debido a las ocupaciones indebidas, la tala de mangles, el turismo masivo descontrolado y la inadecuada disposición de residuos sólidos y de vertimientos.

(Lea aquí: Islas del Rosario y San Bernardo, dos territorios que se sienten desprotegidos)

Desde el 24 de noviembre de 2011, el Consejo de Estado ratificó una sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual se ordenó la elaboración de un Modelo de Desarrollo Sostenible para dichas islas; sin embargo, 11 años después es poco lo que se ha hecho por la salvaguarda del ecosistema.

Por ello, la Procuraduría General de la Nación convocó a autoridades nacionales y locales a una reunión urgente de seguimiento al fallo del Consejo de Estado y los avances de la hoja de ruta acordada en agosto de 2021.

No es la primera vez que las autoridades realizan reuniones y compromisos para proteger las Islas del Rosario y el archipiélago de San Bernardo.

A dicho encuentro, que se realizará el 22 y 23 de septiembre en la Casa de la Moneda de la Gobernación de Bolívar, están citados el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Alcaldía de Cartagena, la Armada Nacional, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Agencia Nacional de Tierras, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), la Dirección General Marítima (Dimar), la Policía Nacional, Veolia, la Guardia Ambiental de Colombia y los consejos comunitarios de comunidades negras de Orika (Isla Grande) y San Bernardo.

El primer día se realizarán reuniones preparatorias con autoridades y comunidades lideradas por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios y en la segunda jornada se llevará cabo la reunión general de verificación. En las mismas se espera que los involucrados asuman compromisos concretos para proteger y restaurar estos territorios insulares.

Los últimos compromisos

En agosto del 2021 las autoridades nacionales y territoriales decidieron asumir nuevos compromisos para retomar el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado, pero estos también quedaron en el aire.

(Lea aquí: Esta es la hoja de ruta para proteger las islas del Rosario y San Bernardo)

En ese momento, el Ministerio de Ambiente y Parques Naturales acordó presentar en diciembre de 2021 el Modelo de Desarrollo Sostenible y el Plan del Área Protegida, así como la capacidad de carga de estas islas. El Distrito asumió la construcción de un centro de acopio en alianza estratégica con Veolia para la correcta disposición de los residuos sólidos. También dijo adoptar medidas urgentes para que las inspecciones de Policía insulares cuenten con el transporte y recursos adecuados para su funcionamiento, revisar el estado de las denuncias presentadas a la ANT por construcciones ilegales en baldíos y las solicitudes de restitución de playas y zonas de bajamar radicadas en la Dimar.

La Secretaría del Interior Distrital debía avanzar en la suscripción de un convenio con el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) para construir una subestación de Policía en islas del Rosario.

En materia de medioambiente, Cardique se comprometió con la creación de un equipo específico para atender desde sus competencias las situaciones de estas islas.

Sobre el fallo

El origen de mismo obedece a una acción popular de los consejos comunitarios instaurada en 2003 ante el crecimiento desmedido del turismo y la amenaza que esto suponía para el ecosistema en materia ambiental.

“El área del archipiélago, debido a sus condiciones favorables para el desarrollo de infraestructura turística y recreacional, y a la omisión del Estado en cumplimiento de la normativa ambiental, ha sido objeto de un severo impacto por las ocupaciones indebidas que modificaron el paisaje natural, las construcciones ilegales, la tala de los manglares, la descarga de sedimentos al agua, el turismo masivo y la pesca indiscriminada”, dijo el alto tribunal en la sentencia.

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