“Tenemos casi seis años de estar anhelando esta obra que ha impactado negativamente a la comunidad, en el sentido de que no está funcionando. Aquí en la policlínica de Bayunca se nos han muerto personas por no tener una edificación adecuada, apta para dar una atención digna a la población”.
Con un poco de tristeza y desesperanza, Pedro Ortega Grau, presidente del Consejo Comunitario de Bayunca, intenta hacerse nuevamente a la idea de que la promesa de tener listo el CAP del corregimiento pueda quedarse solo en palabras.
El 24 de julio celebraba y veía con optimismo cómo se adelantaban las obras preliminares para culminar el Centro de Atención Permanente y entregarlo a la comunidad, pero hoy, tres meses después, es inevitable su preocupación ante una inminente liquidación del contrato, ya que, según contó, al corregimiento llegan personas de Pontezuela, Arroyo de Piedra e incluso de Santa Catalina y Clemencia, en búsqueda del servicio de salud. Este CAP, al igual que el de Barú y los hospitales de El Pozón y Canapote, hace parte del contrato 002-2014 firmado por el exalcalde Dionisio Vélez Trujillo, mediante el cual se pretendía mejorar la red hospitalaria, pero la situación terminó empeorando, pues las obras quedaron a medias y las comunidades llevan años sin tener un lugar digno donde recibir atención en salud.
En aras de no perder más tiempo e ir saldando esta deuda histórica, a mediados de junio la Alcaldía de Cartagena anunció que reanudaría obras en cinco CAP: los cuatro mencionados anteriormente y el de Daniel Lemaitre, cobijado en el contrato 001-2014. (Lea aquí: Después de cinco años reanudarán obras en centros de salud de Cartagena)
Todo esto como parte de los acuerdos pactados en el programa Compromiso Colombia de la Contraloría General de la Nación.
Aunque todo parecía marchar bien y las obras preliminares se desarrollaban a cabalidad mientras se tramitaba el proyecto de acuerdo para incorporar $21 mil millones, el alcalde William Dau anunció a principios de septiembre, a través de este medio, su intención de liquidar el contrato al considerar que el pico de la pandemia ya pasó y la situación de la ciudad, en cuanto a disponibilidad de camas, ha mejorado en gran medida. En ese momento, el mandatario también aludió que lo hacía para “no tragarse el sapo”, refiriéndose al hecho de no aceptar la cesión del contrato. (Le recomendamos: Intervención de centros de salud en Cartagena deberá esperar)
De esa forma, Coinses (anterior contratista) no se libraría de las responsabilidades en caso de un proceso de incumplimiento. Sin embargo, de acuerdo con un documento al que tuvo acceso El Universal, este contrato fue cedido al Consorcio Salud Caribe (CSC) a través de la Resolución 2904 del 10 de junio de 2020, con la aprobación del exsecretario de Infraestructura, Gonzalo Jácome. Es decir, el nuevo contratista adquirió legalmente todos los derechos y obligaciones del contrato inicial.
Ante los reiterativos pronunciamientos del alcalde sobre su deseo de liquidar y elegir un nuevo contratista para la terminación de los CAP, el Consorcio Salud Caribe dio a conocer que no había sido notificado de tal decisión y que, por el contrario, seguía esperando la reincorporación de los recursos para hacer el acta de inicio de obras. (Lea: CSC no ha sido notificado de liquidación de contrato de centros de salud)
Según contó el abogado Raymundo Marenco Boekhoudt, apoderado legal de CSC, el panorama cada vez se ponía más confuso y el 25 de septiembre se presentó una recusación contra el alcalde Dau, amparada en el artículo 12 de la Ley 1473 del 2011, al considerar que este incurre en una causal de impedimento y nunca ha escuchado la postura del contratista.
“Nos enteramos que todo lo que había anunciado por medios resultaba ser cierto, pero no existía una actuación administrativa, y ante eso decidimos presentarle la recusación porque para todo esto hemos considerado que, primero, no es imparcial; segundo, no va a ser prenda de garantía en cuanto al desarrollo de un proceso en el que se preserven todos los derechos que le asisten al consorcio; y finalmente, él anunció la decisión sin siquiera haber desarrollado una actuación, entonces el ordenamiento jurídico prevé todo eso y evita que mañana o más tarde pueda imperar por encima del interés general, el interés particular del funcionario”.
Conforme a lo explicado por el jurista, la solicitud fue presentada directamente al alcalde señalando que, con fundamento en determinadas normas, él no puede intervenir en el trámite relacionado con el contrato en cabeza del CSC 2020, “porque por fuera de la actuación administrativa emitió su concepto respecto a cuál sería su decisión”.
Según se conoció, aunque el mandatario tenía cinco días hábiles para responder el recurso instaurado por el consorcio, solo hasta el pasado 19 de octubre emitió su decisión sobre si se declaraba impedido o no.
“Él dice que no la acepta porque considera que no es cierto que haya declarado su intención de dar por liquidado el contrato, e insiste en eso cuando hay dos documentos firmados por el exsecretario de Infraestructura, Gonzalo Jácome, donde manifiesta que por órdenes del alcalde le solicita a la firma interventora que proceda a expedir los documentos necesarios para liquidar el contrato”.
En efecto, esa solicitud fue tramitada el 25 de septiembre ante Luis David Castillo, representante del Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena. Además, en respuesta a una acción de tutela, el nuevo secretario de Infraestructura, Luis Alberto Villadiego, ratifica que se adelantó esta gestión y agrega que “pese a las gestiones desarrolladas por la cartera, el señor alcalde tomó la decisión de proceder a liquidar los contratos”.
Otra de las “equivocaciones” que según el abogado ha cometido el alcalde William Dau es continuar con los trámites del contrato, aún teniendo conocimiento de la recusación.
“La ley dice que cuando se presenta una recusación toda actividad o trámite conexo con el asunto debe suspenderse de pleno derecho, pero el alcalde continuó actuando y envió un memorial al Concejo para el retiro del proyecto de acuerdo para la reincorporación de los recursos”.
El oficio, al que hace referencia el abogado, fue radicado ante la corporación el 5 de octubre aduciendo que se decidió incluir esos recursos en la próxima vigencia fiscal 2021, ya que “eso permite planear y tomar medidas eficientes sobre los contratos y la intervención de la infraestructura hospitalaria no concluida”.
Por otra parte, según explicó el presidente del Concejo, David Caballero, la solicitud del alcalde está en revisión teniendo en cuenta que el proyecto de acuerdo ya pasó el primer debate.
“Es la Comisión de Presupuesto la que debe decidir. Si se retira ya no pasaría a segundo debate y si no se retira tenemos que llevarlo inmediatamente a debate para que la plenaria lo vote”. Agregó que entre hoy, y a más tardar el miércoles, se habrá definido el futuro del proyecto de acuerdo.
Luego de que el alcalde negara la recusación, y por no tener superior jerárquico, el asunto pasaría a manos de la procuradora Regional de Bolívar, quien deberá resolver el recurso en un plazo de diez días hábiles.
“Si en efecto la procuradora considera que el alcalde está impedido para actuar en el asunto, tendrá que designar a un alcalde ad hoc que asumirá el tema concreto de este contrato hasta que haya un nuevo alcalde (...) Dau quedaría impedido para siempre, no hay posibilidad de saneamiento ni de restitución de sus funciones relacionados con ese contrato”, puntualizó Marenco.
En medio de todo el pleito legal y vaivén de información, también ha salido a relucir la posibilidad de que liquidar los contratos 001 y 002 de 2014 represente un detrimento patrimonial para la ciudad.
El concejal Wilson Toncel ha expresado que si el contrato con Consorcio Salud Caribe se liquida de manera unilateral, “en un pleito legal la empresa que posee actualmente el contrato del proyecto podría reclamar el derecho adquirido al dinero sin poner una piedra o una bolsa de cemento”.
“Esto lo que puede traer es perjuicios a las arcas del Distrito, trayendo consigo más demoras para terminar estos puestos de salud y por ende más afectaciones a la comunidad que tanto clama porque se finalice este proyecto” sostuvo el cabildante.
De igual manera, la personera Distrital, Carmen De Caro, alertó del presunto detrimento ya que al hacer un nuevo contrato los precios de los materiales de construcción no serán los mismos de hace 4 años.
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