Demoler el edificio Aquarela, ubicado a apenas 200 metros de distancia del Castillo San Felipe, ha sido una discusión de hace varios años.
Si bien la Unesco, el Ministerio de Cultura y la Procuraduría General de la Nación fueron insistentes en la demolición de la estructura por su afectación al patrimonio, en un principio el alcalde de Cartagena, William Dau, se abstuvo de emprender acciones porque no existía una orden judicial que dijera que el edificio debía caer.
Sin embargo, en octubre del 2020, un concepto emitido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), cambió el panorama y le dio luz verde al alcalde para iniciar los trámites necesarios y demoler la estructura.
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Según la ANDJE, la edificación puede ser demolida en su totalidad debido a que existe una medida correctiva de restitución del espacio público proferida por la Inspección de Policía N°2 en 2018, la cual afirma que el edificio ocupa 619 m² de forma indebida.
La Promotora Calle 47 (constructora de la obra) presentó propuestas para la restitución del espacio público sin necesidad de demoler completamente el edificio, pero según la ANDJE, estas no aportan “condiciones de seguridad que garanticen que no va a ver una afectación a la edificación y a las viviendas aledañas”.
Por este motivo se emprendieron las acciones para llevar a cabo la demolición, siendo el primer paso, realizar una consultoría.
Para ello la Alcaldía de Cartagena realizó un convenio con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y el Ministerio de Cultura con el fin de cumplir con la medida correctiva.
En este convenio, cuya acta de inicio se firmó el pasado 2 de agosto de 2021, el Distrito aportó $387 millones, el FNGRD $149 millones y el Ministerio de Cultura $48 millones.
2022, año decisivo
El convenio administrativo tripartito firmado por las partes tiene vigencia hasta el 2 de agosto de 2022, pero esta fecha puede ser prorrogable siempre y cuando se cuente con una justificación.
La fecha es congruente con el plazo que dio el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco para la demolición de Aquarela, pues según la organización esto debe darse antes de diciembre de 2022, de lo contrario, Cartagena correría el riesgo de perder su título de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.
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Cabe recordar que el año pasado la Unesco excluyó a Liverpool (Inglaterra) de su lista de patrimonio protegido, argumentando que el desarrollo urbanístico en la ciudad afectó sus cualidades históricas. Así las cosas, la situación de Cartagena no es despreciable.
¿En qué va el proceso?
Este 2022 finalmente se abrió el proceso para contratar la consultoría de la demolición de Aquarela.
Esta consultoría tiene dentro de su objetivo “realizar los estudios, evaluaciones, diagnósticos y recomendaciones”, que permitan ejecutar la medida correctiva de restitución del espacio público. El valor estimado del contrato es de $241 millones y tiene una duración de aproximadamente tres meses.
Sin embargo, a principios de marzo, se conoció que el proceso fue declarado desierto. De acuerdo con el FNGRD solo se presentó un proponente y este no cumplió con los requisitos.
Desde la Fundación Centro Histórico, expresaron su preocupación con respecto a cómo va este trámite.
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“Es preocupante que un proceso tan importante para la marca país se lleve con el ritmo de un proceso cualquiera, es decir, a ritmo muy lento. En este momento es incierto si el gobierno actual alcanzará a realizar la demolición para cumplir con la Unesco”, expresó Isabela Restrepo, directora de la Fundación Centro Histórico.
El pasado 18 de marzo, el FNGRD publicó nuevamente el proceso de selección de concurso de méritos con el fin de contratar la consultoría para demoler el edificio, por lo que la convocatoria en estos momentos está abierta.
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Hablan los constructores
Desde la Promotora Calle 47 insisten en que no hay un fallo judicial o administrativo que ordene la demolición total del edificio, por lo que abrir la convocatoria con miras a demoler la obra por completo “constituye una acción antijurídica”. Agregaron que la restitución del espacio público, correspondiente a 619 m² es una ínfima parte del área del total del proyecto.
“Considerando que el fallo policivo que ordena la restitución del espacio público no consulta la normatividad aplicable y desconoce las pruebas practicadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, los constructores presentaron los recursos procedentes. La constructora instauró una demanda de nulidad y de restablecimiento de los derechos. En este momento, este proceso cursa en los juzgados”, manifestaron.
Este es solo uno de varios procesos judiciales relacionados al edificio Aquarela. Desde la constructora informaron que en paralelo avanza una demanda de reparación directa en contra del Ministerio de Cultura y el Distrito de Cartagena por los daños y perjuicios que han tenido tanto las firmas constructoras como las familias que invirtieron en este proyecto de vivienda, todo esto durante los años en los que ha estado viva la polémica.