El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente un giro por $180 mil millones que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) que tenía como destino al municipio de Girón (Santander) y firmado por el exsubdirector Sneyder Pinilla.
Lo hizo luego de estudiar una demanda presentada por el actual director de esa entidad, Carlos Carrillo, en la que pedía frenar ese desembolso al municipio y ordenar medidas cautelares, pues al parecer estaría viciado de varias irregularidades. Lea aquí: Procuraduría inhabilita por 14 años a oficial del Ejército por acoso sexual
Dichas irregularidades tienen que ver con insuficiencias procesales, falencias técnicas de viabilidad e incongruencias entre la declaratoria de calamidad pública y la Resolución No. 142 de 26 de febrero de 2024, en relación con los 180.000.000.000 transferidos al Municipio de Girón, Santander”.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal decidió aceptar las medidas cautelares mientras revisa detalladamente la naturaleza y necesidad del giro ordenado por el entonces subdirector de la UNGRD.
“Se trata de una importante suma ($180.000.000.000), que constituye recursos del patrimonio público para la gestión del riesgo y la atención de desastres, en relación con los cuales no existe claridad acerca de las condiciones de regularidad del procedimiento de expedición del acto, viabilidad técnica de los proyectos y congruencia con los fundamentos de calamidad pública”, explicó el Tribunal.
Agregó que de no otorgarse la medida cautelar se podría causar un daño irremediable al patrimonio público, porque una vez ejecutada la transferencia al municipio, se reducirían de manera significativa las posibilidades de recuperar los recursos públicos. Lea aquí: Hallan irregularidades por 18.000 millones en primera línea del Metro de Bogotá
Pinilla es uno de los protagonistas del escándalo de corrupción de la compra de 80 carrotanques para La Guajira.
El exfuncionario ha señalado a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, como la “mensajera” del Gobierno en el supuesto entramado de corrupción y la presunta encargada de entregarle $3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para influir en la aprobación de las reformas del Ejecutivo en el Congreso.