La investigación de la Fiscalía sobre la muerte de 11 personas, ocho de ellas civiles en una operación militar el 28 de marzo de 2022, en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo, desmiente de tajo que ellas fueran miembros de un grupo ilegal y que, por lo tanto, esta se haya ejecutado de forma legítima. Eso fue lo que, en su momento, afirmaron el expresidente Iván Duque, su entonces ministro de Defensa, Diego Molano, y el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro.

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La hipótesis de la Fiscalía da cuenta, como lo habían denunciado organizaciones de Derechos Humanos y la misma comunidad, que la operación se desarrolló en medio de un bazar en el que había hombres, mujeres y niños. Todo por capturar a Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno, un líder narcotraficante perteneciente al frente 48 del grupo Comandos de la Frontera, que al parecer operaba en Putumayo, y sobre quien el Ejército nunca dio con su objetivo militar, pues presuntamente ni siquiera se encontraba allí. Lea también: “Su paz total es solo comparable a fidelidad que le tiene a Verónica Alcocer”: Polo Polo a Petro

Por eso, esta semana fueron presentados ante un juez 24 militares señalados de los delitos de homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio. Diligencias que se desarrollaron de forma reservada. Colprensa conoció, sin embargo, los argumentos expuestos por la Fiscalía.

Las pruebas que la Fiscalía tiene en su poder dan cuenta de que el 14 de marzo de 2022, la Junta de Acción Comunal de la vereda, extendió la invitación a un bazar que se llevaría a cabo desde el sábado 26 al lunes 28 de marzo de 2002, en el que habría campeonato nacional de microfútbol, desafío de gallos, bailes populares y venta de comidas. Todo con el propósito de recoger fondos para la comunidad, entre ellas la construcción de una placa huella, una batería sanitaria para la escuela y la remodelación del polideportivo.

El evento, como estaba planeado, empezó a las 10 de la mañana y durante todo el fin de semana concurrieron 450 personas aproximadamente, de 15 a 20 veredas de la región. El evento se desarrolló con normalidad hasta que se escuchó el primer disparo, a la mañana de lunes 28, cuando un francotirador del Ejército recibió la orden de disparar contra un supuesto objetivo del frente 48, según la investigación de la Fiscalía.

Los disparos continuaron durante varias horas, y en ellos se usaron más de 1.000 cartuchos de fusil. Todo en medio del caserío Alto Remanso “donde se encontraban transitando 50 personas civiles aproximadamente, algunas de ellas festejando en estado de embriaguez en la caseta comunal, ubicada en el costado nororiental; otras en el lugar donde se estaban preparando los alimentos, costado occidental, otras donde se extendían las comidas, costado suroriental. El resto de la población civil descansaba en sus propias viviendas”, dice el informe de la Fiscalía.

El relato de la Fiscalía confirma la investigación hecha por periodistas de El Espectador, Vorágine y la revista Cambio, quienes además relataron cómo los pobladores de esa vereda fueron obligados a sentarse por horas en la cancha, que los cuerpos de las once personas muertas pudieron haber sido manipulados, y que luego de lo ocurrido muchas personas sufrieron desplazamiento. Sobre ese punto, esta agencia conoció que se hizo una solicitud por parte de las víctimas para ampliar la imputación al delito de tortura y desplazamiento forzado, pero no hubo pronunciamiento al respecto.

Aunque aún no son claras las razones por las cuales las Fuerzas Militares habría decidido ejecutar esa operación en medio de la población civil, la Fiscalía ha logrado establecer que esta se gestó el 5 de marzo de 2022 en Puerto Leguízamo, Putumayo, cuando el vicealmirante Harry Ernesto Reino Niño, comandante de la Fuerza Naval del Sur de la Armada convocó a una reunión al brigadier general, Adrián Giraldo Jiménez, comandante del Comando contra el Narcotráfico, y otros militares para analizar información de inteligencia relacionada con actividades delictivas realizadas por una comisión de finanzas de Comandos de la Frontera sobre la ribera del río Putumayo. Lea también: Petro pidió perdón al país por escándalo de corrupción en la Ungrd

Lo anterior con base en una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo a través de la cual se exhortaba a las autoridades competentes a emprender acciones de prevención humanitaria y protección de la población civil, entre ellas la ubicada en el sector del remanso, quien era víctima del control territorial entre la estructura carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera. Sin embargo, lo paradójico de la historia parece ser que hicieron todo lo contrario.Además, la Fiscalía reveló que al operativo se desplegaron cinco equipos de militares. Todos al mando del coronel Néstor Andrés Cadena Bautista y el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena.

Los imputados son el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, el sargento segundo Michael Andrés Quiñonez Mendoza. Así como los cabo primero Wilmer Leonardo Rodríguez Arango; Wilson Andrés Santamaría Ramos; Cristian Pérez Galindo; Dairo José Arboleda Toro; Jhon Félix Badel Correa; Hernando Cucunuba Olmos; Edinson Javier Esteban Aguiar; José Efraín Lectamo Yalanda; Santander Licona Ramos; Wilmer Mosquera Poscué; Luis Ángel Núñez Peña; Danilo Quintero Urrea; José Alexánder Villa Ciro; Fenancio Noé Anama Escobar; Maycol Mauricio Abril Hernández; Yeizon David Becerra Gutiérrez; Róbinson Beleño Herrera; Franky Fabián Hoyos Pérez; Jhon Freddy Hoyos Quiñónez; Carlos Alberto Perdomo Romero; Jeisson Rico Soto; y Yeison Andrade Rivera Holguín.