A través de una carta enviada al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, el gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya Salazar, expresó su preocupación por la crisis energética que enfrenta el país, especialmente en la región Caribe.
El mensaje, no tan alentador, advierte sobre el riesgo de interrupción en la prestación del servicio público domiciliario de energía debido al retraso del Gobierno Petro en el pago de subsidios para los estratos 1, 2 y 3.
De acuerdo con EPM, la suma adeudada por el Gobierno nacional alcanza los 659 mil millones de pesos, lo que ha agravado la situación financiera de Afinia, la empresa encargada de prestar el servicio en el Caribe. “El riesgo en que se encuentra la prestación del servicio público domiciliario de energía en el país, y especialmente en la región atendida por Afinia, se ha venido agravando en los últimos meses”, señala el documento. Le puede interesar: Renunció el gerente de Afinia, Jhon Jairo Granada: esto es lo que se sabe
El cual también indica: “Si el Gobierno nacional no cumple sus compromisos y obligaciones y no cesa en su propósito de intervención del mercado de manera desarticulada, debilitando la institucionalidad y el modelo del sector, es inminente e inevitable para los prestadores la interrupción del servicio en las distintas zonas del país”.
La solicitud de EPM al Gobierno Petro por la crisis energética que atraviesa Colombia
Durante una visita a Barranquilla el pasado 30 de enero, el presidente Gustavo Petro acusó a las empresas generadoras de energía de cobrar tarifas ilegales, señalando que el costo de generación es muy bajo y que las tarifas se fijan a precios inflados. También afirmó que la fórmula tarifaria aprobada el 18 de diciembre es ilegal, y criticó a empresas como Isagén y EPM por sus costos de generación. Lea también: Usuarios se pronuncian tras solicitud de EPM al Gobierno sobre Afinia
“Los colombianos, cuando pagan su factura eléctrica, están pagando muchísimo más que los costos reales con los que se genera la energía, lo que está rompiendo la Constitución y la ley”, afirmó Petro, además detalló que la generación de energía en una hidroeléctrica tiene un costo que oscila entre los $ 100 y $ 120 pesos por kilovatio, pero este costo no se refleja en el precio final que los consumidores deben pagar.
Tras esto, EPM solicitó al ministro de Minas y Energía que tome acciones para resolver la crisis energética. Además recordó que, durante los últimos meses, envió diversas comunicaciones a las autoridades nacionales buscando apoyo para resolver los problemas que amenazan la estabilidad del sector. La compañía enfatizó la importancia de una acción conjunta entre los diferentes entes territoriales e institucionales para superar la crisis.