La Procuraduría General de la Nación convocó una nueva mesa técnica para analizar el decreto que el Gobierno nacional estudia expedir y que obligaría a los fondos privados de pensiones a repatriar las inversiones que actualmente mantienen en el exterior.
La citación se da en medio del debate que ha generado la propuesta y de las advertencias sobre los posibles efectos que una decisión de este tipo tendría sobre los recursos de los trabajadores colombianos.
De acuerdo con la entidad de control, el objetivo principal del encuentro es revisar de manera detallada los riesgos financieros y económicos que podría implicar una eventual repatriación forzada de capitales. Lea: Abuelitos de Colombia mayor recibirán bono pensional de $230.000: las fechas
Entre los puntos que se pondrán sobre la mesa está el impacto en los rendimientos de los ahorros pensionales, la pérdida de diversificación de los portafolios de inversión y la capacidad real del mercado local para absorber esos recursos sin generar distorsiones.
El tema tomó mayor relevancia luego de que, en días recientes, el Gobierno reconociera públicamente que analiza la posibilidad de ordenar a los fondos privados traer al país las inversiones que tienen fuera de Colombia. Incluso, el propio presidente Gustavo Petro señaló que una medida de esta naturaleza no podría aplicarse de forma abrupta, al advertir que una implementación intempestiva podría afectar gravemente los ahorros de millones de trabajadores.
Riesgos financieros y estabilidad del sistema pensional en debate
Esta no es la primera vez que la Procuraduría aborda el tema. La entidad ya había liderado una mesa técnica inicial en la que se evaluaron los fundamentos técnicos, financieros y jurídicos de la iniciativa, así como sus eventuales impactos económicos y sociales. En ese primer ejercicio se plantearon inquietudes sobre la estabilidad del sistema financiero y la protección del ahorro pensional.
La nueva jornada de análisis fue programada para el martes 20 de enero y contará con la participación de entidades del Gobierno nacional, autoridades de supervisión, representantes del mercado financiero, centros de estudio y expertos técnicos. El encuentro buscará consolidar insumos que permitan dimensionar los efectos de una decisión que podría tener consecuencias de largo plazo para el sistema pensional y para la confianza de los afiliados en la administración de sus recursos.