La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) advirtió que el proyecto de decreto con el que el Gobierno propone eliminar el tope excepcional de 150 salarios mínimos mensuales vigentes (SMMLV) para la Vivienda de Interés Social (VIS) y los topes de renovación urbana tendría un impacto directo sobre el 35% del mercado de vivienda VIS en Colombia.
El gremio advierte efectos en más de 132.000 viviendas de interés social
Según el análisis del gremio, la desaparición de estos límites llevaría a que numerosos proyectos superen el tope general de 135 SMMLV, debido a los cambios que deberían hacer en sus condiciones iniciales, quedando automáticamente por fuera de la categoría VIS.
Camacol señaló que esta medida incrementaría la presión sobre un sector que ya completa más de dos años en recesión técnica, lo que podría ralentizar aún más la iniciación de obra y la oferta de vivienda social.
Cambios adicionales del proyecto de decreto
El documento sometido a revisión no solo elimina los topes diferenciados, sino que también:
- Obliga a establecer el precio de la vivienda en pesos desde el momento de la separación.
- Califica como práctica abusiva no fijar el precio en pesos desde la separación.
Más de 132.000 viviendas resultarían comprometidas
De acuerdo con las cifras del gremio, la propuesta impactaría aproximadamente 132.000 unidades VIS en todo el país:
- 76.000 unidades afectadas por la eliminación del tope excepcional de 150 SMMLV (20%).
- 56.000 unidades perjudicadas por la eliminación de los topes de renovación urbana (15%).
La afectación total representa una inversión estimada en 27 billones de pesos.
Camacol pide al Gobierno medidas para reactivar el sector
La Cámara hizo un llamado al Ejecutivo para que implemente acciones que permitan dinamizar la construcción de vivienda VIS en lugar de profundizar las dificultades actuales.
“Dada la magnitud de estos proyectos y su relevancia para la actividad económica, las acciones de política pública deberían orientarse a promover la construcción de vivienda VIS mediante condiciones claras y estabilidad normativa que brinden seguridad jurídica y continúen incentivando la inversión privada”, señaló el gremio.