En el marco del proceso judicial por el saqueo realizado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), la Fiscalía General de la Nación, presentó este jueves la acusación formal contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, quien estuvo presente en la audiencia de manera virtual, ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
La Fiscalía le imputó al exfuncionario los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos. González, quien recibió asilo del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua tras huir del país, escuchó los hechos que lo señalan como la cabeza de un entramado criminal diseñado para apropiarse de recursos públicos y direccionar contratos con el objetivo de asegurar el trámite de las reformas sociales en el Congreso.
Esta acusación se centró en una reunión efectuada en la sede presidencial, conocida en el expediente como “el cónclave”. Según el fiscal del caso, allí se impartieron las órdenes directas a los exdirectivos de la entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, y a la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, para materializar los sobornos.
“En la oficina del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), ubicada en el Palacio de Nariño, a mediados de septiembre de 2023, González Merchán ordenó a Olmedo López entregar a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, respectivamente, contratos de la UNGRD por valor de 60.000 millones de pesos para el primero y 10.000 millones de pesos para el segundo, que previamente les había ofrecido”, se leyó en el escrito de acusación.
Entrega de dinero en efectivo
Dentro del informe de investigación se indica que estas acciones incluyeron la entrega de 4.000 millones de pesos en efectivo a los congresistas mencionados. La Fiscalía señaló condiciones que ameritan un mayor “reproche punitivo” contra el acusado, al identificarlo como la “mano derecha del Presidente” y resaltar el uso indebido de su poder político, consolidado durante más de dos décadas para facilitar la operación ilegal.
El ente acusador afirmó contar con un acervo probatorio de trescientas evidencias que sustentan la participación de González en el direccionamiento de la contratación. Le podría interear: Gustavo Petro señala a Laura Sarabia por crisis en intervenciones de la salud
Durante la diligencia, el despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto reconoció formalmente como víctimas a la UNGRD, la Contraloría General de la República y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, acreditó en esta calidad a dos comunidades wayúu, identificadas como las directas perjudicadas por el contrato de los 40 carrotanques destinados al abastecimiento de agua en La Guajira, eje del desfalco.
La defensa, liderada por el abogado Iván Cancino, pidió aclaraciones puntuales al ente investigador sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar descritas en el escrito, particularmente sobre el encuentro entre su cliente y los testigos principales, Olmedo López y Sneyder Pinilla.