El Gobierno nacional decidió retirar del Congreso el proyecto de ley 347 de 2026, una iniciativa que buscaba establecer un régimen sancionatorio para las plataformas de transporte que operan mediante aplicaciones móviles. La propuesta, que fue radicada el pasado 20 de enero, no alcanzó a iniciar su trámite legislativo y será modificada antes de una eventual nueva presentación.
La decisión fue confirmada por la Superintendencia de Transporte. Según explicó Luis Gabriel Serna, jefe de la Oficina Jurídica de esa entidad, el Gobierno optó por dar marcha atrás ante las reacciones que generó el articulado. Lea: Proyecto busca multas y prohibición total para Uber y DiDi
“Considerando las múltiples y sincrónicas erradas interpretaciones de algunos artículos del proyecto de ley 347/26, recientemente radicado en el congreso, conocido como régimen sancionatorio del sector transporte, el gobierno nacional ha decidió retirarlo”, afirmó el funcionario, sin detallar cuáles fueron los puntos que dieron lugar a dichas interpretaciones.
La iniciativa había despertado una fuerte controversia porque calificaba las actividades de las plataformas de transporte como ilegales y no simplemente como no reguladas, que es la categoría bajo la cual se les considera actualmente. Además, contemplaba sanciones severas para los propietarios de vehículos particulares que prestaran este tipo de servicios, incluyendo la inmovilización del automóvil por periodos de hasta 60 días en una primera infracción, 90 en la segunda y 120 días en reincidencias posteriores.

Uno de los aspectos más polémicos era la inclusión de sanciones para los usuarios, quienes podían enfrentar multas de hasta 4,7 millones de pesos únicamente por utilizar estas aplicaciones.
Gobierno hará ajustes al proyecto sobre plataformas de transporte
De acuerdo con Serna, el retiro del proyecto busca abrir espacio a correcciones que permitan mayor claridad en el texto. “Para hacer algunos ajustes al articulado, de tal forma que trasmitan mayor claridad a la opinión pública y sea el reflejo de las mesas de negociación que se han venido adelantando con los gremios de carga”, señaló.
De haberse aprobado en los términos originales, el proyecto habría implicado un cambio profundo en el modelo actual de operación de las plataformas de transporte, donde los usuarios pueden elegir entre vehículos particulares o taxis, con esquemas tarifarios diferenciados.

