El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), avanza en un proyecto de decreto que podría transformar el rol de operadores postales como Supergiros y Efecty en Colombia a partir de 2026. La iniciativa busca permitir que estas empresas amplíen sus servicios más allá del giro tradicional, incorporando nuevas modalidades de pago y manejo de recursos.
Aunque no se trataría formalmente de cuentas de ahorro como las ofrecidas por los bancos, el proyecto abre la puerta a servicios similares, como giros de depósitos y transferencias postales, lo que representa un cambio significativo en el sistema postal y financiero del país. Lee también: ¿Le pueden embargar su Nequi o Daviplata? Esto dice la norma para 2026.
¿Supergiros y Efecty podrán funcionar como cuentas de ahorro?
El borrador del decreto plantea la adición de un nuevo capítulo al Decreto 1078 de 2015, con el objetivo de regular los servicios postales de pago a nivel nacional. Esto permitiría a los operadores postales administrar recursos de los usuarios bajo condiciones estrictas, utilizando exclusivamente su infraestructura postal.
En la práctica, los usuarios podrían consignar dinero, transferirlo y retirarlo posteriormente, pero estos recursos no generarían intereses ni serían considerados ahorro bancario. Es decir, no se trataría de cuentas financieras tradicionales, sino de cuentas postales de pago, con un alcance limitado y regulado.
Alcances del proyecto para modernizar el sistema postal en Colombia
Según MinTic, la propuesta busca fortalecer la inclusión financiera, especialmente en zonas rurales y apartadas donde el acceso al sistema bancario es limitado. El proyecto ya superó su fase de consulta pública, en la que se recibieron 144 comentarios de distintos actores del sector, los cuales fueron analizados por el Ministerio.
Los operadores interesados deberán indicar si prestarán únicamente giros nacionales o si ofrecerán servicios adicionales como depósitos y transferencias. En este último caso, deberán presentar un plan detallado que incluya aspectos técnicos, análisis de riesgos, mecanismos de garantía y protocolos en situaciones de insolvencia o retiro del servicio.
Requisitos que deberán cumplir Supergiros, Efecty y otros operadores
El borrador establece exigencias estrictas para proteger a los usuarios. Entre ellas se incluyen seguros, garantías bancarias o contratos de fiducia que respalden la devolución del dinero ante fraudes, fallas operativas o imposibilidad de restitución.
Además, se exige una separación clara entre los recursos propios del operador y los fondos administrados en nombre de los usuarios, así como sistemas de monitoreo transaccional y trazabilidad en línea. Esto busca evitar el uso indebido de los recursos y garantizar transparencia en cada operación.
¿Quién regulará estos servicios y por qué hay dudas?
Uno de los puntos más debatidos del proyecto tiene que ver con la supervisión. De acuerdo con un análisis publicado por el medio Economía Para la Pipol, la Unidad de Regulación Financiera —adscrita al Ministerio de Hacienda— advirtió que estas actividades implican riesgos financieros que, en principio, deberían estar bajo vigilancia de la Superintendencia Financiera.
Sin embargo, el borrador señala que la regulación recaería en la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), entidad encargada del mercado postal. Esta tendría funciones relacionadas con tarifas, protección al usuario, calidad del servicio, eficiencia y solución de controversias, lo que ha generado cuestionamientos sobre los límites entre regulación postal y financiera.
Obligaciones y prohibiciones para los operadores postales
El proyecto establece topes máximos de montos, plazos definidos para ejecutar giros y la obligación de interoperabilidad entre operadores. Los usuarios podrán hacer seguimiento en línea de sus operaciones, reforzando la transparencia del sistema.
Uno de los puntos clave es que los recursos consignados no serán propiedad del operador postal y no podrán ser usados para otros fines ni hacer parte de su patrimonio en procesos de insolvencia.
En cuanto a prohibiciones, se impide otorgar créditos, realizar actividades financieras propias de los bancos, fraccionar operaciones o efectuar giros sin destinatario identificado. También se refuerzan las medidas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.