El último puente festivo de junio dejó una radiografía brutal de Barranquilla: al menos 10 personas asesinadas y tres heridas a bala. Cuatro de los homicidios ocurrieron en una masacre y otro se registró en el Malecón del Río, símbolo de la transformación urbana impulsada por el charismo.
Lo que pasó ese fin de semana no fue un episodio aislado, sino otra manifestación de una ciudad partida en dos: una tiene infraestructura imponente como símbolo de progreso; en la otra, en cambio, son más visibles la pobreza, los homicidios, las extorsiones, el microtráfico y las disputas entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.
Apenas una semana después, cientos de negocios del sur amanecieron cerrados porque así lo ordenaron las bandas mediante panfletos. Aunque la Policía y la Alcaldía anunciaron vigilancia, el miedo se impuso y los comerciantes no trabajaron.
Ante ese panorama, el alcalde Alejandro Char tiene una explicación recurrente: Gustavo Petro y su fracasada política de paz total.
El saliente presidente improvisó una negociación con ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, les prometió beneficios sin un marco jurídico claro, excluyó a las autoridades locales del proceso y no construyó una política sostenida contra la extorsión. Tampoco facilitó la coordinación institucional entre la Nación y el Distrito, y puso sus diferencias personales con Char por encima de las necesidades de Barranquilla.
Sin embargo, reconocer la enorme responsabilidad del Presidente no convierte al alcalde en un actor secundario. Aunque el Gobierno Nacional controla buena parte de las herramientas para enfrentar el crimen, la Alcaldía también debe responder por la ejecución de recursos, las prioridades que fija en seguridad y su trabajo conjunto con la Policía.
Aun así, Char presenta la actual crisis como si la violencia hubiera comenzado en Barranquilla el 7 de agosto de 2022. En abril, por ejemplo, dijo que la paz total había dejado los barrios extorsionados y obligado a “la gente de bien” a encerrarse entre rejas. La frase, aunque efectiva para generar titulares -como en efecto ocurrió-, borra décadas de violencia local y diluye las responsabilidades distritales.
Por momentos, Char se presenta como un espectador indefenso, pese a que su grupo político lleva casi 20 años en el Paseo de Bolívar, contó con los gobiernos de Uribe, Santos y Duque como aliados, maneja la tasa de seguridad departamental -que recauda alrededor de $78.000 millones anuales- y dijo, durante años, que en la ciudad no había bandas criminales, sino solo delincuencia común.
Ahora que Barranquilla tendrá nuevamente un aliado en la Casa de Nariño, el alcalde ya lanzó una sentencia: la ciudad “por fin dejará de sentirse sola”.
Por supuesto, una crisis de décadas no desaparecerá de la noche a la mañana; pero con De La Espriella en la Presidencia, Char ya no podrá eludir su responsabilidad sobre lo que ocurre en su propio patio. Desde el 7 de agosto comenzará a correr su plazo para mostrar resultados.
*Cofundadora de La Contratopedia Caribe.