El Gobierno nacional expidió el decreto 0173 del 24 de febrero de 2026, mediante el cual adopta nuevas medidas tributarias para financiar la atención de la emergencia ocasionada por la ola invernal. El documento fue firmado por el presidente Gustavo Petro y la totalidad de su gabinete, formalizando así la creación de un impuesto temporal al patrimonio dirigido a personas jurídicas.
La decisión fue anunciada durante el Consejo de Ministros celebrado en Cartagena, donde el Ejecutivo expuso el alcance de la crisis provocada por el frente frío y las inundaciones que han afectado amplias zonas del país. El objetivo central es obtener recursos inmediatos para atender la contingencia social, productiva y de infraestructura.
¿En qué consiste el nuevo impuesto al patrimonio para empresas en 2026?
El decreto establece una tarifa general del 0,5% para las empresas cuyo patrimonio líquido supere las 200.000 UVT, equivalentes a cerca de 10.474 millones de pesos. Además, fija una tarifa diferencial del 1,6% para los sectores financiero y minero-energético, que aportarían el 56% del recaudo total proyectado.
Con esta medida, el Gobierno estima recaudar 8 billones de pesos. Los recursos estarán destinados principalmente a intervenciones agrarias y obras de infraestructura en las zonas impactadas por las lluvias, según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
El funcionario detalló que el tributo se pagará en dos cuotas iguales: la primera el 1 de abril (50%) y la segunda el 4 de mayo (50%). “Es decir, que en un plazo corto tendríamos los recursos para atender las emergencias que estamos viviendo”, afirmó Germán Ávila Ministro de Hacienda.
La expedición del decreto se sustenta en la declaratoria de emergencia económica, adoptada tras los daños provocados por el fenómeno climático. El balance presentado en el Consejo de Ministros revela un panorama crítico: se han registrado 65 emergencias en 61 municipios de ocho departamentos, 53 de ellas por inundaciones.
Más de 69.000 familias han resultado afectadas y diez personas perdieron la vida. También se reportan daños severos en viviendas, vías, puentes, acueductos y en la infraestructura de salud y educación. En el sector productivo, cerca de 20.000 hectáreas presentan afectaciones y más de 4.100 viviendas quedaron destruidas.
El costo estimado de recuperación asciende a 8 billones de pesos, cifra que coincide con la meta de recaudo proyectada por el Ejecutivo. No obstante, el decreto contempla exclusiones: quedan por fuera del impuesto las empresas del sector salud, las compañías intervenidas por el Estado y las empresas de servicios públicos ubicadas en municipios declarados en calamidad dentro de la zona afectada.
Ávila señaló que el diseño del esquema tributario tuvo en cuenta las restricciones jurídicas fijadas por la Corte Constitucional y recordó que herramientas similares se han aplicado en el pasado frente a emergencias climáticas, como durante el fenómeno de La Niña en 2009. “El centro de la propuesta tiene que ver con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, porque antes lo teníamos para personas naturales”, afirmó el ministro.
El titular de Hacienda también hizo un llamado al sistema financiero para que asuma un papel activo en la superación de la crisis. Indicó que las utilidades del sector se duplicaron entre 2024 y 2025, lo que, a su juicio, implica una responsabilidad adicional ante la emergencia nacional.
Como parte de las conversaciones con representantes del sector financiero, se acordó un paquete de alivios para los afectados: un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, conservación de la calificación crediticia, suspensión de cobros jurídicos —incluso para cartera en mora— y atención prioritaria con acompañamiento en educación financiera.
El Gobierno también solicitó la reducción de tasas en líneas de economía popular y el fortalecimiento del crédito asociativo, medidas que podrían formalizarse en decretos complementarios en las próximas semanas.