La decisión del Gobierno nacional de retirar a Colombia del sistema internacional de arbitraje de inversión generó preocupación en el sector empresarial. La Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) advirtió que esta medida podría afectar de manera directa la confianza de los inversionistas y, en consecuencia, el desarrollo productivo del país.
A través de un comunicado, el gremio enfatizó que la seguridad jurídica es un factor determinante para quienes evalúan destinar recursos en el territorio colombiano. En ese sentido, insistió en que los mecanismos de resolución de conflictos juegan un papel clave en la percepción de estabilidad institucional. Lea: Deuda pública creció $370 billones en tres años, alerta la ANDI
“Entre los elementos que son considerados al tomar la decisión de invertir en un país está la seguridad y estabilidad institucional, jurídica y social del Estado en el que desarrollará la actividad. El tener un sistema estable, transparente y ágil de solución de disputas es uno de los principales aspectos de esta decisión. No se avanza hacia estos propósitos cuando se abandona un sistema ampliamente entendido como una solución técnica, eficiente y confiable de solución de controversias”, afirmó la organización.
El anuncio fue hecho por el presidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado estos tribunales al considerar que, en algunos casos, favorecen intereses privados sobre los del Estado. Sin embargo, desde el sector empresarial advierten que la salida del mecanismo podría enviar señales negativas a los mercados internacionales.
Riesgos para la inversión y la confianza internacional
La ANDI también alertó sobre la ausencia de alternativas claras frente a la decisión del Gobierno. Según el gremio, abandonar este tipo de instancias sin contar con mecanismos sustitutos puede generar incertidumbre en el corto plazo.
“Una solución radical de abandonar un sistema de solución de disputas, sin ofrecer alternativas prácticas y viables en el corto plazo, solo afecta negativamente el nivel de confianza que el Estado colombiano transmite a los mercados internacionales y debilita nuestra posición frente a otros Estados que también aspiran ser destino para la inversión internacional”, manifestó la organización.
Además, el gremio cuestionó que la medida no haya sido producto de un proceso amplio de discusión con diferentes actores, ni sustentada en criterios técnicos suficientes. En su análisis, este tipo de decisiones debería considerar el impacto en la competitividad del país y en su capacidad para atraer capital extranjero en un entorno global cada vez más disputado.