Más de un año después de suspender la entrada en vigencia de la reforma pensional, la Corte Constitucional volverá a estudiar el futuro de la Ley 2381 de 2024. La Sala Plena incluyó el expediente como primer punto del orden del día para el próximo 13 de agosto.
El proceso llegó al alto tribunal a raíz de una demanda presentada por la exsenadora Paloma Valencia, quien cuestionó el procedimiento utilizado por la Cámara de Representantes para aprobar la reforma.
¿Por qué la Corte suspendió la reforma pensional?
En junio de 2024, la Cámara aprobó el texto que previamente había sido avalado por el Senado, sin realizar una nueva discusión detallada de su contenido.
Posteriormente, la Corte Constitucional determinó que esa actuación constituía una irregularidad en el trámite legislativo, aunque consideró que el Congreso tenía la posibilidad de subsanar el vicio.
Para cumplir con esa decisión, la Cámara volvió a discutir la reforma en junio de 2025, durante sesiones extraordinarias. En esa oportunidad, los representantes votaron nuevamente el texto y permitieron la presentación y discusión de nuevas proposiciones.
El resultado de ese procedimiento fue remitido a la Corte Constitucional para que determinara si la irregularidad había sido corregida.
Impedimentos y cambios en el proceso
La decisión definitiva no se produjo durante los meses siguientes debido, entre otros factores, a cambios en el magistrado encargado del proyecto de fallo y a diferentes impedimentos y recusaciones que modificaron la composición de la Sala encargada de estudiar el expediente.
Después de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez se apartara del proceso, el caso quedó en manos de la magistrada Paola Andrea Meneses, actual presidenta de la Corte Constitucional, quien recientemente presentó un proyecto de auto relacionado con el trámite.
¿Qué puede pasar con la reforma pensional?
La reforma permanece suspendida desde junio de 2025, por lo que el nuevo sistema pensional no ha entrado en funcionamiento y Colombia continúa bajo las reglas establecidas por la Ley 100 de 1993.
Ahora, la Corte deberá determinar si el Congreso logró corregir adecuadamente el procedimiento cuestionado o si persisten las razones que llevaron a suspender la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024.
La decisión será determinante para establecer el futuro de una de las principales reformas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro.