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Colombia

Acoso en medios: organizaciones respaldan denuncias de periodistas

Cifras revelan impacto en la profesión y aumentan la presión por reformas de fondo.

Acoso en medios: organizaciones respaldan denuncias de periodistas

Acoso en medios: organizaciones respaldan denuncias de periodistas. // GEMINIS.

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Cinco organizaciones defensoras de la libertad de prensa y los derechos de las mujeres hicieron público un pronunciamiento conjunto en el que expresaron su respaldo a las periodistas colombianas que han denunciado acoso y otras formas de violencia de género en medios de comunicación.

El documento también incluyó un llamado urgente a empresas, universidades y autoridades para que adopten medidas eficaces de protección y eviten represalias contra quienes decidan denunciar.

El comunicado, firmado bajo el nombre de la Alianza por la Igualdad de las Mujeres en los Medios, reunió a la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Fundación Karisma, el Consejo de Redacción y Colnodo. Lea: “Lo sentimos profundamente”: presidente de Caracol ofrece disculpas tras escándalo de acoso

La declaración se conoció pocos días después de denuncias públicas que involucran a reconocidas figuras del periodismo televisivo y a un alto directivo del sistema de medios públicos, lo que ha generado un fuerte impacto dentro del sector.

Acoso en medios: organizaciones respaldan denuncias de periodistas. // Foto: Colprensa - Camila Díaz.
Acoso en medios: organizaciones respaldan denuncias de periodistas. // Foto: Colprensa - Camila Díaz.

Las organizaciones señalaron que estas conductas no pueden ser tratadas como hechos aislados ni como conflictos internos. En su análisis, advirtieron que se trata de “violaciones a los derechos humanos que vulneran el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias” y que además representan “una grave afectación a la libertad de expresión, al limitar, silenciar y expulsar a las mujeres del ejercicio periodístico y de la comunicación”.

Exigen medidas urgentes en medios de comunicación

En el documento, la Alianza planteó tres acciones prioritarias. La primera es la implementación inmediata de protocolos efectivos para prevenir, atender y sancionar las violencias de género en entornos laborales.

La segunda, la creación de canales de denuncia externos, independientes y seguros, que reduzcan los riesgos para las víctimas. Y la tercera, garantizar procesos de reparación integral con enfoque de género que impidan cualquier tipo de represalia laboral o profesional.

Las organizaciones también recordaron que este fenómeno ha sido documentado en distintos estudios. Datos de la campaña “No Es Hora de Callar” y del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes indican que seis de cada diez periodistas en el país han sufrido algún tipo de violencia de género en sus espacios de trabajo, mientras que el 77,9 % afirma conocer casos cercanos. Estas situaciones, según los informes, afectan directamente la participación de las mujeres en el debate público.

Impacto del acoso en el ejercicio periodístico

Las cifras también revelan dinámicas de poder dentro de las redacciones. El 79,3 % de las víctimas identificó a superiores jerárquicos como responsables, mientras que el 56,1 % señaló a compañeros de trabajo. Este contexto ha tenido consecuencias en el ejercicio profesional: un 37 % de las periodistas ha abandonado sus empleos, otro porcentaje igual ha dejado de consultar fuentes clave y un 24 % ha desistido de investigar ciertos temas. Lea también: La drástica decisión de Jorge Alfredo Vargas tras salir de Caracol Televisión

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El caso generó reacciones desde el Gobierno. El Ministerio del Trabajo anunció inspecciones en medios de comunicación, mientras que la Fiscalía abrió una indagación de oficio y habilitó canales para recibir denuncias con garantías de protección. Desde el Ministerio de Justicia también se impulsan programas de formación para mejorar la atención institucional a las víctimas.

A pesar de estas acciones, las organizaciones insistieron en que el problema no radica en la falta de normas, sino en su aplicación. Recordaron que existen decisiones judiciales y compromisos internacionales que obligan a garantizar espacios laborales libres de violencia. En ese sentido, concluyeron que las agresiones deben ser “prevenidas, atendidas, investigadas y sancionadas con la debida diligencia”, advirtiendo que permitir su continuidad afecta directamente la libertad de informar en el país.

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