La sala plena del Consejo Nacional Electoral confirmó este miércoles 29 de abril la sanción administrativa contra la campaña presidencial de Gustavo Petro tras superar los 5.300 millones de pesos, cifra que, a juicio de los magistrados, corresponde a la violación de los topes electorales en que incurrieron en 2022.
La investigación fue liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Por una votación de 6-2 queda en firme la resolución de primera instancia.
La decisión respaldó las razones de la ponencia de primera instancia presentada por los mencionados magistrados, quienes tras meses de investigación determinaron que la campaña electoral de la coalición Pacto Histórico excedió los topes de gasto permitidos por la ley en más de 5.355 millones de pesos durante la primera y segunda vuelta presidencial de 2022. Lea: CNE pide a campañas presidenciales postular auditores de sistemas para las elecciones
Los datos que llevaron a ratificar la decisión del CNE sobre campaña Petro
Entre las irregularidades detectadas se incluyeron la omisión de reportes de facturación de servicios de transporte aéreo con la empresa SADI, el pago a testigos electorales y donaciones de sindicatos como FECODE y la USO, las cuales están prohibidas por ley al provenir de personas jurídicas.
La ratificación de esta sanción se produce tras un intenso debate jurídico y político sobre la competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar a un presidente en ejercicio.
Mientras la defensa de Gustavo Petro argumentó sistemáticamente que el organismo administrativo vulneraba el fuero presidencial, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado aclararon previamente que, si bien el CNE no tiene facultades para destituir al mandatario —competencia exclusiva de la Comisión de Acusaciones de la Cámara—, sí posee la autoridad para investigar y sancionar administrativamente a la campaña, su gerente y sus partidos avalistas. Le puede interesar: Choque en Senado por atentados: petrismo y uribismo se enfrentan
Las sanciones de este proceso recaen sobre los responsables administrativos de la campaña, incluyendo al entonces gerente y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, la tesorera Lucy Mogollón y la auditora María Lucy Soto.
Además de las multas económicas, este fallo administrativo se convierte en una prueba para el proceso que avanza en el Congreso de la República, donde se evalúa la responsabilidad política y penal del presidente Petro.