La investigación por el presunto direccionamiento irregular de contratos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) entra en una nueva etapa judicial. La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por su presunta participación en un entramado de corrupción que habría operado entre 2020 y 2021.
La decisión llega tras varios meses de recolección de pruebas y testimonios que, según el ente acusador, evidenciarían posibles favorecimientos indebidos en la contratación pública y el desvío de recursos. En el mismo proceso también serán imputados Álvaro Alonso Villada, exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del AMVA; la entonces contratista Vanesa Álvarez Restrepo y Sebastián de Jesús Ortega Durán.
De acuerdo con la Fiscalía, “la investigación da cuenta de que se habrían desviado recursos públicos y cobrado comisiones económicas por eventuales favorecimientos”. Por estos hechos, los procesados deberán responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
¿Qué pruebas tiene la Fiscalía contra Miguel Quintero?
Según las investigaciones publicadas por El Colombiano, el expediente reúne declaraciones de testigos, conversaciones de WhatsApp, fotografías y otros elementos que, presuntamente, demostrarían la influencia de Miguel Quintero en decisiones relacionadas con la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la administración de su hermano.
Entre las evidencias mencionadas por el diario antioqueño aparecen chats de un grupo denominado “Amigos”, activo entre enero de 2020 y marzo de 2021. En esas conversaciones, de acuerdo con El Colombiano, los participantes discutían asuntos administrativos, jurídicos y financieros del AMVA, además de intercambiar información sobre hojas de vida para cargos públicos y trámites contractuales.
El expediente también incluye fotografías divulgadas previamente por El Colombiano, en las que Miguel Quintero aparece junto a un vehículo Ferrari y un reloj Rolex. De acuerdo con testimonios recopilados durante la investigación, estos bienes habrían sido adquiridos como presuntos pagos derivados de contratos públicos, una hipótesis que ahora hace parte del proceso judicial y que deberá ser demostrada ante los jueces.
Otro de los elementos bajo análisis son conversaciones en las que, presuntamente, se planteaba la creación de un comité de contratación paralelo al oficial para intervenir en procesos del AMVA. Asimismo, la investigación hace referencia al supuesto uso de un apartamento ubicado en El Poblado como lugar de reuniones entre algunos de los involucrados.
Según ha documentado El Colombiano, el caso se originó a partir de información recibida por la Veeduría Todos por Medellín en 2024, la cual posteriormente fue incorporada a la investigación adelantada por la Fiscalía.
Con la imputación, el proceso entra en una fase clave. Durante la audiencia, la Fiscalía presentará formalmente los cargos y los señalados podrán ejercer su derecho a la defensa. La diligencia no implica una condena, sino el inicio formal del proceso penal, en el que un juez deberá valorar las pruebas y determinar si existe responsabilidad por los hechos investigados.