La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que 1.030 comparecientes vinculados con hechos del conflicto armado colombiano han recibido el beneficio de renuncia a la persecución penal entre mayo de 2024 y agosto de 2026.
La medida fue adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y está dirigida a personas que, según la Jurisdicción, no tuvieron la condición de máximos responsables dentro de los patrones de criminalidad investigados.
Del total de beneficiarios, 979 pertenecían a la fuerza pública. Otros 46 eran integrantes de las extintas Farc-EP, mientras que dos correspondían a agentes del Estado que no hacían parte de la fuerza pública. La lista también incluye a dos civiles colaboradores de las extintas Farc-EP y a un tercero civil. Lea: La JEP pone fin a procesos contra 59 militares por falsos positivos en Catatumbo
Las decisiones fueron adoptadas mediante 43 resoluciones y están relacionadas con 377 hechos ocurridos en diferentes regiones del país. Entre los departamentos involucrados se encuentran Antioquia, Boyacá, Casanare, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander y Santander.
En estos procesos fueron identificadas 643 víctimas directas y participaron más de 950 familiares.
¿Qué implica la renuncia a la persecución penal?
El beneficio hace parte de la Ruta No Sancionatoria de la JEP, mecanismo mediante el cual la Jurisdicción busca definir la situación de personas que estuvieron relacionadas con delitos cometidos durante el conflicto, pero que no desempeñaron un papel determinante en la planificación o ejecución de los patrones de criminalidad establecidos.
La medida no se concede de manera automática. Los comparecientes deben cumplir una serie de compromisos, entre ellos aportar verdad plena, reconocer su responsabilidad cuando corresponda y cumplir garantías de no repetición.
También deben desarrollar acciones de reparación, especialmente de carácter simbólico, orientadas hacia las víctimas y las comunidades afectadas por los hechos.
Una vez concedido el beneficio, los antecedentes penales relacionados con las conductas objeto del proceso son eliminados. Asimismo, se extinguen las sanciones disciplinarias, administrativas o fiscales derivadas de esas actuaciones.
Sin embargo, la decisión no significa que los comparecientes queden completamente desligados de la JEP. Todavía deben cumplir determinadas obligaciones y atender los requerimientos establecidos por la Jurisdicción, entre ellos solicitar autorización cuando pretendan salir del país.
El incumplimiento comprobado de los compromisos puede tener consecuencias. Entre ellas están la revocatoria de los beneficios, la pérdida de las libertades provisionales y, en determinados casos, la expulsión del Sistema y el retorno del proceso a la justicia ordinaria.