Una demanda presentada por Diego Marín Buitrago contra la Nación permanece en estudio en el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá, luego de que fracasara la conciliación adelantada ante la Procuraduría General.
De acuerdo con la información publicada por Semana, el proceso busca establecer la eventual responsabilidad estatal por los perjuicios que, según sostiene el demandante, habría sufrido junto con su familia.
Marín Buitrago, conocido como el llamado ‘zar del contrabando’ en Colombia, permanece actualmente en Portugal y es requerido por las autoridades colombianas con fines de extradición por los delitos de concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer. Lea: Caso ‘Papá Pitufo’: Procuraduría abre investigación a exdirector de la DNI
¿Qué cuestiona Diego Marín sobre su proceso de extradición?
En la acción judicial cuestiona actuaciones relacionadas con su proceso y solicita una reparación económica.
Por concepto de perjuicios morales, su abogado reclama el equivalente a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pretensión también contempla una indemnización para la cónyuge y los dos hijos de Marín Buitrago, de acuerdo con lo planteado en la demanda.
Entre los hechos señalados está la orden de captura emitida el 11 de marzo de 2024 por el Juzgado 48 Penal Municipal con función de control de garantías, con fines de imputación y de medida de aseguramiento. La demanda atribuye a esa actuación un supuesto error judicial que habría generado afectaciones al núcleo familiar.
El escrito sostiene que las actuaciones de las autoridades provocaron en Marín Buitrago y sus familiares “angustia, zozobra, dolor y sufrimiento”. Esos efectos son presentados como fundamento de la reclamación por daños morales dentro de la acción promovida ante la jurisdicción administrativa. Lea: Exdirector del DNI revela detalles de las citas con abogado de ‘Papá Pitufo’
La demanda también formula reparos frente a las actuaciones relacionadas con el trámite de extradición. En particular, plantea que el Ministerio de Justicia habría omitido el “cumplimiento” de las obligaciones legales relacionadas con la revisión de la documentación remitida para adelantar las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según el planteamiento de la defensa, se habrían presentado varias irregularidades en las gestiones realizadas ante España para conseguir la captura de Marín Buitrago con fines de extradición a Colombia. Estas actuaciones hacen parte de los argumentos con los que se busca atribuir responsabilidad a entidades estatales.
La Nación aparece vinculada a la controversia a través de distintas autoridades, entre ellas la Rama Judicial, la Fiscalía General, el Ministerio de Defensa y la Cancillería. El escrito también solicita una condena relacionada con las actuaciones atribuidas al Ministerio de Justicia durante el trámite cuestionado.
La demanda llega a la jurisdicción administrativa mientras continúa el proceso penal contra Marín Buitrago, quien ya fue llamado a juicio por el presunto liderazgo durante varios años de una red dedicada al contrabando. Según lo expuesto en ese proceso, la organización habría entregado sobornos a integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera para facilitar el ingreso de mercancías.
En la investigación penal se señaló que Marín Buitrago habría ordenado esos pagos para que los uniformados “dejaran pasar sin ningún problema” cargamentos de contrabando en los puertos de Buenaventura y Cartagena. Dentro de ese expediente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales fue reconocida como víctima.
