A dos meses del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, en Colombia, la Defensoría del Pueblo pidió reabrir el registro de damnificados y ampliar la atención institucional a las comunidades afectadas. La entidad también instó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) a eliminar las barreras que dificultan el acceso de las víctimas a las ayudas del Estado.
El sismo, registrado a las 7:34 a. m., tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, a una profundidad aproximada de 103 kilómetros. Según las autoridades, dejó 335 muertos, cientos de heridos y daños en 500 municipios de 16 departamentos.
Al cumplirse dos meses de la emergencia, la Defensoría indicó que la respuesta institucional debe ir más allá de la atención inmediata e incluir medidas que permitan a las comunidades recuperar sus condiciones de vida y acceder a sus derechos.
Vivienda, salud y educación, entre las prioridades
La entidad señaló que el proceso de recuperación debe contemplar soluciones de vivienda, atención en salud, acceso a la educación y alternativas para recuperar los medios de vida de las personas afectadas.
Asimismo, reclamó mecanismos que garanticen la participación de las comunidades en las decisiones sobre su recuperación y transparencia en el manejo de los recursos destinados a atender la emergencia.
En ese sentido, la Defensoría pidió a las autoridades superar los obstáculos que impiden a los damnificados acceder a la asistencia estatal y garantizar que la respuesta institucional tenga en cuenta las necesidades de las poblaciones afectadas.
Piden incorporar la gestión del riesgo en los planes territoriales
La Defensoría del Pueblo también hizo un llamado para que la gestión del riesgo de desastres se incorpore en los planes de ordenamiento territorial y en las decisiones relacionadas con el desarrollo de los municipios.
Según la entidad, es necesario identificar las zonas expuestas a amenazas, reducir los riesgos para las comunidades y adoptar medidas de adaptación al cambio climático.
La institución advirtió que la actuación del Estado no puede limitarse a responder cuando ocurre una emergencia, sino que debe priorizar la prevención y la protección de la población frente a posibles desastres.
Solicitan garantías para las personas desplazadas por desastres
Otro de los puntos planteados por la Defensoría fue la protección de los derechos de las personas que enfrentan desplazamientos, permanencia involuntaria en lugares de riesgo o procesos de reubicación como consecuencia de desastres y del cambio climático.
Para responder a estas situaciones, la entidad consideró necesario contar con un marco normativo y protocolos que garanticen condiciones dignas durante la evacuación, el alojamiento temporal, el retorno y la reubicación de las comunidades.
Estas medidas, indicó, deben incorporar enfoques diferenciales y asegurar el acceso a servicios básicos, información oportuna y soluciones duraderas para las personas afectadas.
La Defensoría advirtió, además, que millones de personas viven en zonas expuestas a distintas amenazas y que factores como el cambio climático y la degradación ambiental aumentan la vulnerabilidad de las comunidades.
Defensoría convoca a congreso sobre gestión del riesgo
En el marco de este llamado, la entidad convocó a ciudadanos, organizaciones sociales, académicos y autoridades al primer Congreso sobre la Protección de Derechos en la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático, programado para los días 15 y 16 de octubre.
El encuentro buscará analizar los principales desafíos del país y promover políticas de prevención, atención y recuperación que incorporen un enfoque de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo aseguró que continuará acompañando a las comunidades afectadas y vigilando el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a las víctimas.
