La audiencia preparatoria contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, vinculados al proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), tendrá que esperar hasta el próximo año. La Corte Suprema de Justicia determinó que la diligencia se realizará el 2 de febrero de 2027, tras ordenar un segundo aplazamiento.
La decisión se produjo luego de que los abogados defensores expusieran que aún no han conseguido examinar todos los elementos probatorios entregados por la Fiscalía. Según manifestaron, parte del material permanece bajo cadena de custodia y presenta inconvenientes que impiden su consulta completa.
¿Por qué aplazaron la audiencia contra Bonilla y Velasco?
Entre las dificultades reportadas por los representantes legales figuran archivos que no pueden abrirse, documentos protegidos mediante contraseñas y otros que aparecen encriptados. Estos obstáculos ya habían sido expuestos durante una sesión anterior y fueron la razón del primer cambio en el calendario judicial.
La magistrada de la Sala explicó que la nueva fecha permitirá disponer de un periodo adicional para que las partes revisen los documentos pendientes y resuelvan los problemas técnicos que afectan el acceso a las pruebas. También solicitó que, para la próxima diligencia, las defensas tengan preparadas sus solicitudes probatorias y la sustentación de cada elemento que pretendan incorporar al proceso.
“Entendemos que, para abrir los documentos que están sometidos a cadena de custodia, lo que va a llevar cierto tiempo. Hemos acordado que esta audiencia se llevará a cabo el día 2 de febrero del 2027”, manifestó la magistrada al explicar la determinación.
¿Qué cuestionaron Ricardo Bonilla y la Fiscalía sobre las pruebas?
Durante la audiencia, Luis Fernando Velasco expresó su inconformidad con la manera en que, según él, la Fiscalía ha presentado el material probatorio. El exministro del Interior cuestionó que la defensa deba enfrentar documentos cuyo contenido todavía desconoce y aseguró que esta situación afecta su capacidad para preparar adecuadamente el caso.
Velasco también puso sobre la mesa las conversaciones de Olmedo López, antiguo director de la UNGRD, al considerar que contienen información importante que debería examinarse. En su intervención reclamó que esos mensajes no hayan sido revisados por el ente investigador y cuestionó la actuación de la Fiscalía.
“Uno sí pide en este tipo de actuaciones lealtad y yo no la he sentido”, afirmó el exministro, quien sostuvo que existen chats que, a su juicio, contienen información de gravedad que debería ser conocida dentro del proceso.
Por su parte, Ricardo Bonilla manifestó reparos frente a los documentos puestos a disposición de su defensa. El exministro de Hacienda señaló que parte de la información recibida no tendría relación directa con los hechos investigados, mientras que otros elementos que considera fundamentales no habrían sido examinados por la Fiscalía.
Su principal cuestionamiento estuvo relacionado con el seguimiento a las presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos atribuidas a Olmedo López y Sneyder Pinilla. Según Bonilla, la investigación no habría profundizado en esos hechos y se habría limitado a las confesiones de los antiguos funcionarios de la UNGRD.
“Pero más grave aún es lo que no hay, lo que la Fiscalía nunca miró”, expresó Bonilla. Además, insistió en que el ente acusador no habría realizado un seguimiento probatorio suficiente sobre el presunto peculado mencionado durante la investigación.
Ante los señalamientos de los dos exministros, la fiscal María Cristina Patiño defendió el procedimiento de entrega de información. Explicó que la Fiscalía recibió de la Corte Suprema copias completas de expedientes y decidió poner a disposición de las defensas la totalidad de ese material, incluso documentos que no había solicitado de manera específica.
“La Fiscalía ha descubierto todo lo que tiene, y no ha descubierto aquello que no tiene”, respondió Patiño, quien negó que existiera falta de transparencia y sostuvo que corresponde a los abogados adelantar las investigaciones necesarias para encontrar elementos que respalden sus respectivas estrategias de defensa.
Finalmente, la magistrada precisó que el llamado realizado durante la diligencia estuvo dirigido a garantizar la lealtad procesal entre los participantes, sin que ello representara una acusación de comportamiento desleal contra la Fiscalía.
