La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, anunció en la tarde de este miércoles, 3 de abril, que iniciará una estricta vigilancia frente a las intervenciones forzosas administrativas que inició la Superintendencia Nacional de Salud sobre las EPS Sanitas y Nueva EPS, las dos aseguradoras de salud más grandes del país. Lea aquí: EPS Sanitas es intervenida por la Supersalud: esto es lo que se sabe
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En declaraciones a los medios de comunicación, la jefe del Ministerio Público aseguró que su equipo está analizando con lupa los argumentos esgrimidos por la Supersalud para justificar estas decisiones y si estos son suficientemente razonables y proporcionales para darle cabida a una disposición de la envergadura que tiene la intervención forzosa.
Según argumentó la Superintendencia, la intervención a Sanitas se dio por el incumplimiento de los requisitos financieros, el creciente número de peticiones, quejas y reclamos de los usuarios y las deudas de la EPS con los hospitales, clínicas y todos los prestadores de servicio de salud. Mientras que la Nueva EPS fue intervenida siguiendo las directrices de un informe recientemente publicado por la Contraloría General de la Nación, que señala deficiencias significativas en la gestión de la entidad. Le puede interesar: Atención: Gobierno también interviene la Nueva EPS
La procuradora anunció la creación de una red nacional del Ministerio Público, conformada por procuradores judiciales, personeros y funcionarios de la Defensoría del Pueblo, con el fin de verificar en todo el territorio nacional el correcto manejo presupuestal, logístico y la calidad en la atención en salud a los millones de afiliados de las EPS intervenidas.
¿Investigación contra el superintendente?
Margarita Cabello también reveló que, a raíz de una queja disciplinaria presentada por la empresa Keralty, sociedad extranjera accionista de la EPS Sanitas, se estudia la pertinencia de abrir investigación disciplinaria contra el superintendente Luis Carlos Leal, por presuntas inconsistencias en los argumentos que motivaron la intervención. Le recomendamos: Comisión Séptima del Senado archiva la reforma a la salud de Petro
Y es que Juan Pablo Currea, representante legal de Keralty, afirmó que la resolución de la Supersalud “presenta una falsa motivación”, es decir, un vicio en sus fundamentos, “al afirmar que los problemas financieros de la EPS han incidido directamente en la garantía del derecho fundamental a la salud”.
Keralty calificó a la actuación de la Superintendencia como “discriminatoria” y “arbitraria”, hasta el punto de que “sugiere una posible expropiación”.