La adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance enfrenta un nuevo obstáculo legal en Estados Unidos. Una coalición integrada por 12 estados presentó una demanda para bloquear la operación, valorada en 110.000 millones de dólares, al considerar que podría reducir la competencia en la industria del entretenimiento y afectar a consumidores y empresas del sector.
La acción judicial fue presentada ante un tribunal federal de California y sostiene que la transacción viola las leyes antimonopolio estadounidenses al concentrar demasiado poder en una sola compañía.
La demanda argumenta que el acuerdo incumple la Sección 7 de la Ley Clayton, una de las principales normas de defensa de la competencia en Estados Unidos, que prohíbe fusiones y adquisiciones que puedan derivar en monopolios o limitar significativamente la competencia.
El fiscal general de California, Rob Bonta, quien lidera la iniciativa, aseguró que la unión de ambas compañías tendría consecuencias negativas para el mercado audiovisual.
“La fusión ilegal de estos dos gigantes del entretenimiento conllevaría precios más altos, menor calidad y menos contenido para el cine y la televisión”, afirmó Bonta, al advertir que el impacto se sentiría tanto en las salas de cine como en los hogares estadounidenses.
A la demanda se sumaron los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington.
Preocupación por la concentración del mercado
De acuerdo con los documentos presentados ante la corte, la empresa resultante controlaría cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica en Estados Unidos y más del 30 % del segmento de grandes producciones taquilleras.
Los demandantes también expresaron preocupación por el aumento de la concentración en el negocio de los canales de televisión por cable, un sector que ya atraviesa profundos cambios por el crecimiento de las plataformas de streaming.
Según los estados involucrados, esta posición dominante podría traducirse en menos opciones para los consumidores, mayores costos para distribuidores y una reducción en la diversidad de contenidos disponibles.
La demanda surge apenas semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) aprobara la operación tras una investigación que se extendió durante ocho meses.
Las autoridades federales concluyeron entonces que la compra no perjudicaría la competencia en los mercados de televisión, streaming y producción audiovisual. Incluso señalaron que la fusión podría fortalecer a la nueva compañía frente a los grandes competidores del ecosistema digital y del entretenimiento en línea.
Sin embargo, la aprobación del DOJ no impide que los estados presenten acciones legales independientes para cuestionar la operación.
Mientras se desarrolla la batalla judicial en Estados Unidos, la operación continúa bajo análisis de las autoridades regulatorias de la Unión Europea.
Bruselas mantiene abierta su investigación sobre el acuerdo y tiene previsto emitir una decisión preliminar antes del 22 de julio, una fecha clave para el futuro de una de las mayores fusiones en la historia reciente de la industria del entretenimiento.
El desenlace podría redefinir el panorama global de los medios de comunicación, el cine y el streaming, en un momento de intensa competencia entre los grandes estudios y plataformas digitales.

