En Colombia hemos confundido el Estado de bienestar con un cheque en blanco. Bajo la promesa de garantizar derechos, hemos construido un sistema en el que parece que nadie tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones, porque siempre habrá un contribuyente dispuesto a pagar la cuenta.
En la educación pública se ve un claro ejemplo de ello. Un estudiante puede reprobar repetidamente el mismo grado y el Estado debe seguir destinando recursos para financiar su permanencia. En las universidades públicas, algunos estudiantes prolongan sus carreras durante muchos años, pierden semestres y repiten asignaturas mientras el Estado continúa financiando su formación. El problema no es garantizar el acceso a la educación, sino asumir que ese derecho implica financiación ilimitada, independientemente del compromiso de quien recibe los recursos.
La repitencia y la deserción escolar en Colombia deberían llevarnos a una reflexión seria. Cada año repetido representa nuevos recursos públicos y cada estudiante que abandona sus estudios es una oportunidad que la sociedad no logra convertir en formación. Aunque estos fenómenos responden a múltiples causas, no podemos ignorar el papel de la responsabilidad individual y familiar. El Estado debe garantizar oportunidades, pero los estudiantes y sus familiares también deben comprometerse con el aprendizaje.
Es claro que la responsabilidad tampoco recae exclusivamente en los niños y jóvenes. Los padres tienen una obligación fundamental en la educación de sus hijos. No es razonable que la sociedad financie colegios, docentes y programas de apoyo, mientras algunas familias se desentienden de la asistencia, el rendimiento académico y el comportamiento de los estudiantes. La educación comienza en el hogar y no puede delegarse por completo en los profesores.
El problema es que a veces se olvida que los recursos públicos son limitados. Cada peso destinado a financiar la repetición de un año escolar o una carrera universitaria que se prolonga indefinidamente deja de atender otras necesidades. Ese dinero podría fortalecer la calidad educativa, financiar programas de nivelación o brindar oportunidades a otros estudiantes que no cuentan con un cupo.
Necesitamos límites razonables. La financiación pública de la educación básica y media debe acompañarse de mecanismos de seguimiento y apoyo, con un horizonte ordinario definido para completar estos ciclos. Por ejemplo, que cada niño que nace tenga asegurados doce años de formación en colegios oficiales para primaria, secundaria y media, y cinco años de financiación en la educación superior podrían ser la regla general, con excepciones justificadas para situaciones especiales. No se trata de abandonar a quien necesita ayuda, sino de exigir compromiso a quien recibe recursos de todos.
Un Estado de bienestar sostenible no puede limitarse a distribuir beneficios: también debe promover responsabilidades. La repitencia y la deserción requieren apoyo, pero también compromisos verificables de estudiantes y de sus padres. Garantizar derechos no significa renunciar a establecer límites ni asumir indefinidamente las consecuencias de decisiones individuales. El verdadero progreso no consiste en garantizar que el Estado pague por todo, sino en construir una sociedad en la que cada ciudadano pueda exigir sus derechos y deba responder por sus actos. La educación pública debe ofrecer oportunidades, pero también exigir responsabilidad a quienes las reciben y a las familias que los acompañan.
